La investigación abierta en un juzgado de Valencia por el presunto 'pitufeo' del PP municipal cuando estaba dirigido por la exalcaldesa Rita Barberá, fallecida el pasado mes de noviembre, y el procesamiento de la exintendente del Palau de les Arts Helga Schmidt por malversar fondos en la ópera que dirigió durante 10 años han sido dos de los acontecimientos judiciales más destacados del año 2016 en la Comunitat.

En enero se registraron las primeras detenciones por el caso Imelsa, un procedimiento que investiga si se amañaron contratos y cobraron comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación (a través de la empresa pública); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de Ciegsa).

En total, en este procedimiento hay más de 100 investigados -exconcejales, exasesores y asesores del PP en el Ayuntamiento y el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, entre otros- por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

Una de las piezas que se desgaja de este macroproceso es la denominada 'Taula', que es la que en concreto investiga a 47 personas más el PP como persona jurídica por las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular, cantidad que presuntamente les era devuelta en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El denominado 'pitufeo'.

Por esta investigación tuvo que acudir a declarar Rita Barberá ante el Tribunal Supremo (TS) por su condición de aforada. Dos días más tarde de su comparecencia, la exprimera edil falleció y esto obligó al Alto Tribunal a sobreseer el procedimiento abierto contra ella.

Otra de las noticias judiciales que ha causado revuelo en 2016 ha estado relacionada con Helga Schmidt. Contra ella había una investigación abierta en el juzgado desde 2015, pero ha sido a finales de este año cuando el ministerio fiscal ha pedido la apertura de juicio y le reclama una pena de siete años y medio de prisión por malversar fondos en la ópera. También le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil -este último en grado de cooperadora necesaria-.

El presunto fraude en este caso consistía en desviar dinero público -del Palau- a sociedades -Patrocini de les Arts y Sociedad Viva Europa June 24TH S.L.U.- que facturaron trabajos con sobrecostes para la ópera y en las que figuraba como consejera Schmidt, mientras también era intendente del Palau. Estas mercantiles carecían, además, de infraestructuras y de personal necesario para desarrollar los trabajos contratados. Este escrito de Fiscalía contra la exintendente la sitúa a un paso del banquillo de los acusados.

Otro procedimiento investigado en Valencia desde 2015 pero que ha dado un vuelco este ejercicio ha sido el conocido caso IVAM -Institut Valencià d'Art Modern-, en el que este año se ha imputado a la exdirectora del centro Consuelo Císcar. Se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, entre otros aspectos.

EMARSA Y COOPERACIÓN

En la provincia de Valencia quedan un par de casos más pendientes este ejercicio que colean desde años anteriores: el caso Emarsa y Cooperación. El primero se divide en más de una decena de piezas e investiga un fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). Entre otros, en esta causa está investigado el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo (PP).

Aunque el juicio por la pieza principal del caso Emarsa se anunció para noviembre de 2015, se tuvo que aplazar tras la detención del presunto cabecilla de la trama Jorge Ignacio Roca hasta su extradición a España.

Del caso Cooperación -desvío de fondos de la extinta Conselleria de Solidaridad para proyectos de cooperación- quedan dos piezas por instruirse después de que la principal fuera ya juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y acabara con una condena de seis años y medio de prisión para el entonces conseller Rafael Blasco (PP).

Para el próximo año, 2017, quedan más asuntos pendientes. Uno de ellos es la sentencia de una de las piezas del caso Gürtel juzgada en el tribunal valenciano, la relativa a contratos de la Generalitat Valenciana con empresas de la trama Gürtel para la realización del expositor de Fitur entre 2005 y 2009. Este procedimiento quedó visto para sentencia en abril de este año. Fueron juzgadas, entre otros, las exconselleras de Turisme Milagrosa Martínez y Angélica Such. Otras cinco piezas se instruyen y juzgan ya en Madrid.

Así mismo, está previsto que el próximo año sea citado a declarar en calidad de investigado el expresidente de la Generalitat Francisco Campos por el caso Valmor, en relación con presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1.

Por otro lado, para el 11 de enero está previsto el juicio en la Audiencia de Nacional por la demanda colectiva presentada por el sindicato CGT contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que extinguió los contratos de la plantilla, más de 1.600 trabajadores, de Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

CASTELLÓN Y ALICANTE

La provincia de Castellón también ha estado marcada este ejercicio por diferentes acontecimientos judiciales. En concreto, el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, quien fue condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública, tiene abierta una investigación junto al piloto de motos Álex Debón por presuntas irregularidades en el patrocinio de Aerocas, la sociedad que se creó para gestionar el aeropuerto.

No es el único frente abierto que tiene en estos momentos Carlos Fabra, puesto que también otro juzgado le investiga tras una denuncia por un presunto delito societario interpuesta por dos socios de la sociedad Golf Mediterráneo.

En 2016 también se han archivado algunos procedimientos muy sonados como la investigación abierta al diputado nacional del PP y exalcalde de la Vall d'Uixó Óscar Clavell por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales en el pago de facturas de más de 700.000 euros a una empresa cuando ejercía como primer edil.

Otro archivo: el Plan Rabasa, en Alicante. Se trataba de una causa abierta por la tramitación del plan parcial de Rabasa, en la que estaban siendo investigados la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Otriz.