El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado una aportación de 5 millones de euros para las ayudas del bono de alquiler social que ampliará su duración de dos a tres años y ampliará también sus beneficiarios.

En lo que respeta a la cuantía, Feijóo ha explicado que, con esta inversión, los beneficiarios podrán seguir teniendo una ayuda mensual de hasta 200 euros, que podrá incrementarse hasta un 20 por ciento en el caso de que las personas arrendatarias sean integrantes de una familia numerosa o de una unidad de convivencia donde necesiten una vivienda adaptada para alguno de sus miembros.

A esta cantidad se suma también una ayuda única de 600 euros para los gastos derivados de la formalización de nuevos contratos de alquiler o para el pago de atrasos en el caso de permanecer en la vivienda objeto del procedimiento judicial de desahucio.

Además de ampliar la duración de estas ayudas de dos a tres años, Feijóo ha explicado que la orden aprobada establece la incorporación de nuevos colectivos como beneficiarios.

Los dos nuevos colectivos son arrendatarios de viviendas de promoción pública propiedad de la Xunta cuya vigencia del contrato finalizase después de la entrada en vigor de la orden, y personas a las que, por concurrir circunstancias de emergencia social y no alcanzar los ingresos necesarios establecidos en el programa de viviendas vacías, la comisión de seguimiento y coordinación de dicho programa les proponga la adjudicación de una vivienda en el marco del mismo.

1.100 FAMILIAS

De nuevo, el presidente ha vuelto a llamar a los ayuntamientos a que se integren en el programa de viviendas vacías de la Xunta, como única vía de actuar "de forma coordinada" entre los municipios y el Gobierno autonómico. Así, ha incidido en que hay municipios que "dicen que les preocupan" los desahucios, pero no participan de este programa y sus vecinos tienen "menos derechos".

Por último, ha recordado que el bono de alquiler social se enmarca en las 12 medidas adoptadas por la Xunta frente a los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda.

Al amparo de estas iniciativas, ha destacado que ya han sido atendidas más de 1.100 familias, entre las que se encuentran las 248 a las que se les concedió el bono de alquiler social.