Como figura en la documentación recogida por Europa Press, de los 424 millones de euros presupuestados en materia de gastos para 2017, el gasto no financiero, es decir el gasto destinado a aspectos como inversiones, servicios o nóminas, por ejemplo, sube de los 263,5 millones de euros de este año 2016, a unos 276 millones de euros. Son por tanto, unos 13 millones de euros más de gasto "real" en actuaciones o servicios.

Dentro de estos 276 millones de euros dedicados a gastos no financieros, el capítulo de personal, dotado en 2016 con casi 119 millones de euros principalmente para salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, crece un 3,65 por ciento en 2017 hasta los 123,3 millones de euros. En cuanto a las partidas destinadas a gastos corrientes y servicios, crecen de los 31,44 millones de euros de este año, a 35,2 millones de euros en 2017. También dentro del gasto no financiero, el capítulo de "inversiones reales" crece de 29,4 a 30,55 millones de euros, mientras el de transferencias de capital sube de 18,4 millones a 22,9 millones de euros.

Ya en el plano de los gastos financieros, que suman algo más de 148 millones de euros, figuran activos propios de la Diputación provincial por valor de 141,8 millones de euros, a destinar sobre todo en diferentes líneas de anticipos a los ayuntamientos, salvo casi 1,35 millones de euros destinados a "préstamos a personal laboral y funcionario". De otro lado, los pasivos financieros caen de casi nueve millones de euros a menos de 6,25 millones de euros. El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado ya que la Diputación pretende dejar prácticamente "liquidada" su deuda bancaria cuando acabe 2017.

En servicios y actuaciones concretas, la asignación para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios crece un 10,7 por ciento hasta los 16,9 millones de euros; cinco millones de euros son destinados a dar respaldo a un nuevo Plan de Urgencia Municipal, que se materializa en contratos temporales para personas en riesgo de exclusión social; 38,8 millones de euros son para colaborar con la nueva edición del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea); figuran 6,4 millones de euros en materia de carreteras, de los que 3,5 millones serán para mantenimiento; 3,6 millones para mejorar instalaciones deportivas en los municipios; 526.000 euros para la nueva edición del Festival Internacional de Danza de Itálica y 571.000 euros para la apertura al público de la iglesia de San Luis de los Franceses.

LAS ENMIENDAS DE CIUDADANOS

El nuevo proyecto presupuestario, además, incorpora nueve enmiendas de Ciudadanos para promover ayudas contra la exclusión social, medidas de eficiencia energética, campañas de concienciación ciudadana y programas de formación profesional no reglada en los municipios.

Después de que el pleno de la Diputación aprobase ya de modo inicial este proyecto de nuevos presupuestos el pasado mes de noviembre, con la abstención de Ciudadanos al ser incluidas sus enmiendas, fueron formuladas alegaciones por parte de las secciones sindicales de CCOO en la Diputación y su sociedad provincial Prodetur, la sección sindical de USO en la Diputación y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa).

Todas estas alegaciones han sido desestimadas como paso previo a la aprobación definitiva de los nuevos presupuestos, aspectos ambos aprobados de nuevo con el voto a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, IU-CA y Participa Sevilla.

En concreto, y según el acta recogida por Europa Press, la de Adepa se ha desestimado por estar "fuera de plazo" y las de CCOO y USO porque "no se ajustan a las causas de reclamación" recogidas en la Ley de Haciendas Locales.

Durante el debate plenario, el portavoz de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha apoyado las demandas sindicales y ha lamentado que el Gobierno local socialista sólo accediese a incorporar las enmiendas de Ciudadanos en la aprobación inicial del documento, mientras la portavoz de IU-CA, Engracia Rivera, ha considerado "insuficientes" los nuevos presupuestos, defendiendo igualmente las alegaciones de los sindicatos y reclamando "un cambio sustancial en las políticas de personal", para cumplir "los acuerdos alcanzados" con los sindicatos y para prestar "servicios públicos de calidad".

Desde las filas del PP, del mismo modo, se ha llamado a una "reflexión" sobre el contenido de las alegaciones de los sindicatos, porque incluyen aspectos como "pagos indebidos o conceptos retributivos camuflados, reclamando así una mejor gestión de las políticas de personal de la institución provincial. El Gobierno provincial socialista, de su lado, ha esgrimido que las alegaciones sindicales no sólo "no se ajustaban" a lo estipulado para este tipo de actos, sino que su contenido era supuestamente rebatido por diferentes informes de los altos funcionarios de la Diputación y las gerencias de los departamentos y entidades afectadas.