La violencia de género marca una sesión en la que se abordan su incidencia en el rural y en los juzgados

  • SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La violencia de género ha marcado el pleno de este martes en el Parlamento gallego, tras los últimos crímenes machistas ocurridos en Galicia en pasados días, en una sesión en la que se han debatido propuestas sobre su incidencia en el rural -iniciativa de En Marea-, así como acerca de la situación de los juzgados especializados en la Comunidad -del PSdeG-.

De este modo, la diputada socialista Patricia Vilán ha presentando una iniciativa para que, entre otras cuestiones, se incremente el número de juzgados especializados en violencia de género en Galicia, así como para poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas y en pro de reformas en dependencias judiciales para evitar el cruce entre víctimas y agresores.

Al respecto, Vilán se ha quejado de que en Galicia solo hay dos juzgados exclusivos contra la violencia de género en Vigo y A Coruña, puestos en marcha por el "tremendo monstruo de dos cabezas" del bipartito, según ha ironizado. En este sentido, pese a las 15 denuncias diarias de violencia contra la mujer que se registran en la Comunidad y al incremento de un 6% de estas en el primer semestre de este año no se refuerza el servicio.

Todo ello, en un pleno en el que se ha aprobado una moción por unanimidad -a propuesta de En Marea- para instar a la Xunta a convocar -por mediación del Consello Galego de Relacións Laborais- a patronal y sindicatos para promover que en la negociación colectiva en el ámbito gallego se considere como objetivo a alcanzar en 2020 la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

ENMIENDA PP

Al texto del PSdeG ha presentado una enmienda de sustitución el PPdeG, en el que incluye matices como que en esos juzgados especializados se incremente el número de juzgados que en materia de violencia de género la Comisión Mixta considere necesarios, mientras que las reformas se realicen "cuando sea posible".

Los grupos han mostrado la intención de negociar un acuerdo transaccionado, si bien la iniciativa no se votará hasta el miércoles.

Al respecto, Paula Prado (PPdeG) ha reclamado al PSdeG "que no haga demagogia" y "que no se pongan las muertas encima de la mesa" del Gobierno gallego, puesto que la violencia de género es responsabilidad de "todos".

Por su parte, Luís Villares (En Marea) ha demandado que, "como mínimo", se creen juzgados exclusivos de violencia de género en las cinco ciudades en las que no existen, mientras que se ha mostrado a favor de que en los juzgados especializados -que existen en más de 40 municipios- pueda haber exclusividad cuando el trabajo exceda en un 100% la carga de trabajo.

Asimismo, Luís Bará (BNG) ha apoyado refuerzo de los juzgados exclusivos ante el repunte en los casos de violencia machista.

VIOLENCIA MACHISTA EN EL RURAL

Por su parte, los grupos han estado de acuerdo este martes en pedir cursos de formación sobre temas vinculados con el 'empoderamiento' y campañas de sensibilización orientadas específicamente a las mujeres rurales.

También han apoyado unánimemente reclamar que se pongan los medios y recursos suficientes para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencias machistas en el medio rural y evitar su situación de aislamiento.

Estos eran los dos primeros puntos de la iniciativa de En Marea, que ha defendido el diputado David Rodríguez, y en cuyo debate la popular Paula Prado ha afirmado que estas demandas están "en la línea con lo que está haciendo la Xunta".

SEGÚN EL TERRITORIO

Con todo, Prado ha cargado contra los "estereotipos" que ha atribuido a la exposición del parlamentario de En Marea, y le ha advertido de que la violencia machista, "por desgracia, no entiende ni de territorio ni de clase social ni económica".

Previamente, en su turno, David Rodríguez ha destacado que, aunque se trata de la misma violencia machista en cualquier parte, en el entorno rural presenta singularidades propias, como "falta de servicios e infraestructuras", que, a su juicio, "agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres".

En este sentido, ha apuntado a un medio social "más cerrado" en el que las relaciones con la comunidad son "más intensas". Eso, unido a una cultura "tradicional" y población "envejecida", según ha relatado, redunda en que los maltratadores estén "menos cuestionados" y en que el "miedo a denunciar" sea "mayor".

CENTROS DE INFORMACIÓN A LA MUJER

Por todo ello, ha pedido "inversiones" para implementar medidas preventivas, y también ha abogado por incrementar el número de centros de información a la mujer (CIM), "de forma que pueda alcanzarse el objetivo de disponer de uno como mínimo en cada ayuntamiento de Galicia", como indicaba la proposición de ley en su tercer punto.

Este apartado, no obstante, ha sido cuestionado por los populares, al referirse Prado al cierre del CIM de Ponte Caldelas (Pontevedra), con alcalde del PSOE. "No estamos de acuerdo con cerrar ese CIM; es increíble, llevamos un pleno monográfico sobre este tema y ningún portavoz de la oposición hizo ninguna crítica a este cierre", ha reprochado.

Por su parte, María Luisa Pierres, del PSdeG, ha replicado que el servicio en Ponte Caldelas está "garantizado" y ha alegado que el CIM "se cierra temporalmente, precisamente por los recortes, por la incapacidad para mantener el servicio".

"Pero se dará servicio a todas las mujeres que lo necesiten colaborando con otros ayuntamientos próximos", ha agregado. Una vez "resuelto el problema laboral", según ha dicho, "se volverá a instaurar el CIM".

Mientras, la portavoz del BNG en el debate, Olalla Rodil, ha dicho que su grupo buscará información al respecto, tras las alusiones de la diputada del PP, que se preguntó si la líder del Bloque, Ana Pontón, "no manda nada" para evitar este hecho.

PERSPECTIVA ESPECÍFICA

Con todo, Rodil ha ironizado con lo "bien" que "les vino" a los populares "ese caramelito" -por el cierre del CIM de Ponte Caldelas-, y de hecho ha coincidido con Paula Prado en que decir que la violencia machista es más grave en el rural que en una urbe supone "un prejuicio enorme".

Sin embargo, ha puntualizado que cree que "no era esa la intención" de En Marea, y ha subrayado que, pese a que la violencia machista "no entiende de clases sociales, ni de razas, sí que existe una intersección entre el género y la geografía que obliga a introducir una perspectiva específica".

"En los espacios rurales se establece un modelo de relaciones sociales diferente y la falta de servicios obliga a adoptar estrategias específicas", ha aseverado la nacionalista, antes de plantear, como enmienda 'in voce', la ampliación del transporte colectivo en el rural.

Por último, ya en la réplica, David Rodríguez ha hecho hincapié en que, por ejemplo, en el rural la brecha de desigualdad laboral y salarial es mayor, y ha avanzado que acepta la enmienda y la votación por puntos.

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