En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez condena al ex concejal por un delito contra la ordenación del territorio, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis meses de prisión, al pago de una multa de 1.080 euros y a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de constructor.

La magistrada, que condena a la misma pena de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros al constructor del inmueble, identificado como D.G.B., acuerda la demolición de lo construido y acuerda suspender la pena privativa de libertad impuesta a cada uno de los acusados, por plazo de dos años, siempre que lleven a cabo la demolición de lo construido en seis meses.

La juez considera probado que D.G.B. adquirió el 3 de octubre de 2005 una subparcela de 700 metros cuadrados en el paraje de 'Las Jaretas', de manera que el contrato privado definía el terreno como finca rústica y la normativa de planeamiento de la localidad lo catalogaba como suelo no urbanizable común, lo que implica que estén prohibidos todos los usos ajenos al carácter agropecuario del suelo.

Pese a ello, este acusado procedió entre diciembre de 2006 y agosto de 2007 a la construcción de una casa de 100 metros cuadrados y una piscina de 40 metros cuadrados, todo ello "bajo el auspicio consciente" del ex concejal, quien dado su cargo era "la persona competente para haber acordado la paralización de las obras".

De este modo, entre los imputados se acordó, tras su finalización, que el ex concejal disfrutara la vivienda, lo que hizo "plenamente consciente de la ilegalidad" mediante la firma de un contrato el 1 de diciembre de 2007 "en el que se hacía constar la naturaleza rústica del terreno".

Asimismo, resolvieron que el ex concejal se encargara de llevar a cabo las mejoras de la finca a cambio del uso de la misma, "y sin perjuicio de las ocasiones en que realizara el pago de un alquiler formal".

La juez asevera que "las construcciones en ningún caso fueron autorizadas y no podrían haberlo sido, por tratarse de obras incompatibles con el tipo de suelo", de acuerdo con la normativa de planeamiento del municipio y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento incoó contra ambos imputados, en calidad de promotores de las obras, un expediente de restauración de la legalidad el 30 de noviembre de 2009, ordenando la inmediata paralización y restauración del suelo.

El coste de reposición del suelo a su estado original ha sido tasado en 11.068,07 euros.

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