El 24 de noviembre de 2016 la juez señaló que no había motivos para prorrogar el plazo para el inicio de las obras de demolición debiendo estarse a lo ordenado en el Auto de 2 de Mazo de 2016, y por lo tanto, debiendo informar el Ayuntamiento de Llanes, como órgano encargado de la ejecución del fallo, de los trámites seguidos para el cumplimiento del mismo en ejecución de sentencia dictada, en el plazo de diez días.

La magistrada solicita además al Secretario General del Ayuntamiento de Llanes que, en el mismo plazo, informe si dicho Ayuntamiento cuenta con medios para acometer las tareas de demolición impuestas por la sentencia o, en caso negativo, lleve a efecto las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo procediendo a identificar cuáles han de ser tales actuaciones.

Asimismo se responsabiliza a dicho Secretario, sin perjuicio de otros posibles responsables, en el caso de que no se respeten los plazos para la ejecución voluntaria de la sentencia dictada y de su obligación de adoptar las medidas precisas para el cumplimiento del fallo con apercibimiento de la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros.