Elecciones municipales y autonómicas.
Una persona inserta su papeleta durante la celebración de comicios. EUROPA PRESS

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de negar la posibilidad de votar a una joven de 20 años con discapacidad intelectual supone "un jarro de agua fría" para un colectivo que lleva años luchando por conquistar el derecho de sufragio, en palabras de Agustín Matía, gerente de Down España.

Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia ante este tipo de casos, y lo hace en contra de la petición del afectado. Mara, de Santiago de Compostela, tiene una sentencia de incapacidad parcial que pidieron sus padres para protegerla legalmente. Sin embargo, esta modificación jurídica le conllevó la pérdida del voto, por lo que su familia recurrió.

Matía minimiza la repercusión política del fallo judicial. "Confiamos en que los partidos políticos sean coherentes con lo que han manifestado anteriormente".

Hay bastantes posibilidades de que en esta legislatura se consiga

Con el inicio de la nueva legislatura, asociaciones y afectados se han mostrado más optimistas ante una posible modificación legislativa. Hace una semana, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció que promoverá una reforma de la ley electoral para "reconocer el voto a las personas con discapacidad".

"Pensamos que hay bastantes posibilidades de que en esta legislatura se consiga", afirma Matía, que asegura seguir esperanzado pese al fallo del TC.

"Es un mal precedente y ha sido una mala noticia", reconoce. "Pero los partidos entienden que existe una anomalía jurídica y que hay que reformar la ley electoral".

"Hay margen para la esperanza", coincide Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). "Ahora parece que nuestra sociedad está preparada para alcanzarlo".

Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) excluye del derecho de sufragio a "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme", cuando esta declare expresamente la pérdida del voto. Se trata de personas que, por discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, se les modifica la capacidad jurídica, una demanda que suele venir de los propios familiares para que queden protegidas y nadie se aproveche de su situación.

Para las asociaciones, el hecho de que la sentencia de incapacidad saque del censo a los afectados es una práctica demasiado frecuente. "La cifra es alarmante", denuncia Recover. "Lo que hay detrás es un aumento injustificado de procedimientos de este tipo".

¿Quién se ha leído y contrastado los programas electorales?

Cada vez que los españoles acuden a votar a las urnas, las personas declaradas incapaces se quedan fuera del proceso. En total, más de 96.000 ciudadanos que no pueden ejercer su derecho a voto, según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) provenientes del Censo Electoral.

A pesar de que, en 2008, España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Estado sigue sin aplicarla. Hace cinco años, Naciones Unidas tuvo que recordar a nuestro país la necesidad de modificar la LOREG, inquieta porque "la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción", según explicó el propio organismo en el examen a los estados firmantes.

"¿Quién se ha leído y contrastado los programas electorales antes de emitir su voto?", se pregunta Recover, quien afirma que este derecho solo debería restringirse en "situaciones clara y abiertamente excepcionales".

La propuesta de las asociaciones, en consonancia con el dictamen de la ONU, es que no se trata de prohibir, sino de apoyar. "La regulación legal es obsoleta e inadecuada", explica el experto. "Ahora lo procedente no es evaluar la capacidad, sino identificar y ofrecer los apoyos precisos para que la persona pueda acceder a ejercitar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos".

Un retraso por "falta de voluntad política"

Han pasado ocho años desde que España se sumó a la Convención internacional, pero todavía no se ha modificado la normativa, un retraso que Matía atribuye a "la falta de voluntad política".

"En el momento en que abres la Ley Electoral en trámite parlamentario, la tentación es entrar en más modificaciones", subraya el gerente de Down España.

De hecho, el anuncio de la ministra de Sanidad no es el primer intento de incluir a las personas con la capacidad jurídica modificada en el censo electoral. En 2013, el Congreso pidió al Gobierno una reforma electoral para garantizar el derecho a voto a todos los ciudadanos, una propuesta que no se llegó a concretar.

Por eso, Recover pide que se concreten las "declaraciones de buenas intenciones" de la ministra de Sanidad en una iniciativa legislativa.

Se trata de la adopción de decisiones que afectan a su vida

"La Convención establece el derecho a participar activamente en la vida pública e incluso política, de las personas con discapacidad", explica. "Se trata de la adopción de decisiones que afectan a su vida y a sus esperanzas".

Otra de las críticas es la disparidad en la aplicación. Mientras unos jueces aplican la Convención de la ONU, otros siguen la normativa electoral, ya que no toda sentencia de incapacidad conlleva la pérdida de voto.

"Son las familias con niños más jóvenes, que cumplen ahora la mayoría de edad, quienes reaccionan peor porque entienden que es una discriminación", cuenta Matía. "Puede que uno de esos jóvenes no pueda votar, y otros sí; ellos lo notan".

Por eso hay quienes exigen recuperar su derecho de sufragio. Como la sentencia de incapacidad es revisable, los afectados pueden acudir a los tribunales para modificarla. Es el caso de Carmen Piquer, una persona discapacitada que, con 44 años, ha acudido por primera vez a las urnas tras la estimación favorable de un juzgado de primera instancia. Todo lo contrario que le ha sucedido a Mara, que ha recibido la sentencia negativa del TC, tras haber pasado por varios tribunales.

La pregunta ahora es si el colectivo podrá escoger a su candidato en las próximas elecciones generales. "No me atrevo a ser demasiado optimista", afirma Recover. "Si concurre la necesaria voluntad política por parte de los grupos parlamentarios que conforman la Cámara, la reforma podría ser posible en poco tiempo".