El Gobierno no prohibirá los cortes de luz este invierno y argumenta que las eléctricas "están más concienciadas"

El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (izda), acompañado del ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (izda), acompañado del ministro de Energía, Álvaro Nadal.
EFE
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley con el nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", sin embargo, aunque este viernes se hayan dado a conocer los detalles, las normas no serán efectivas hasta dentro de tres meses, como mínimo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley con el nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", sin embargo, aunque este viernes se hayan dado a conocer los detalles, las normas no serán efectivas hasta dentro de tres meses, como mínimo.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esta normativa es fruto de un acuerdo con PSOE y Ciudadanos firmado el pasado miércoles.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los consumidores eléctricos vulnerables tendrán distintas ayudas en función de su renta, que irán desde diferentes descuentos hasta el pago total de las facturas sin cortar la luz para los casos más graves. No obstante, la prohibición de los cortes no serán efectivos hasta que termine el desarrollo reglamentario de las normas, unos tres meses (marzo de 2017), según adelantó el ministro el pasado miércoles.

Nadal ha subrayado que hay una mayor "concienciación" de las empresas eléctricas y que espera "generosidad" de todas las partes para que se haga posible.

Diferentes categorías para el bono social

El desarrollo normativo del real decreto-ley aprobado este viernes definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y dejará, al menos, cuatro tipos. Estos son el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, atendido por los servicios sociales al que no se le cortará la luz, ha explicado Nadal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este último caso, ha explicado que el coste de los impagos para evitar esos cortes será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.

Asimismo, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de preaviso en estos casos y las eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si se da el caso de extremadamente vulnerable.

Para poder llegar a esto, el decreto supone incluir al consumidor "vulnerable severo" en el epígrafe de "suministros esenciales" que fija la ley eléctrica, es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro, como cárceles u hospitales.

Todos estos cambios deberán desarrollarse en distintas normativas con el objetivo de tenerlo todo listo en tres meses.

Bono social, desde hoy financiado por las eléctricas

De forma inmediata, la normativa aprobada este viernes arregla la financiación del bono social, que pasará a costear todas las comercializadoras eléctricas y no solo las que tiene además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.

El Tribunal Supremo tumbó recientemente ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.

El nuevo repartirá el coste de esta herramienta -unos 200 millones de euros al año- entre un mayor número de empresas, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.

El bono social es actualmente un descuento del 25% en la factura final de electricidad al que están acogidos 2,4 millones de hogares por distintos supuestos: familias con todos sus miembros en situación de desempleo, perceptores de pensiones mínimas, familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios.

Nadal ha añadido el objetivo de crear para todos los consumidores eléctricos un indicador -similar al TAE que se emplea en el sector financiero-, que permita a los consumidores comparar los distintos contratos.

El ministro ha explicado que todo este desarrollo reglamentario llevará tiempo, porque requiere pasar por la Comisión Europea, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. "Queremos ir a la mayor velocidad posible (...) y necesitamos generosidad de todas las partes", ha pedido.

Tanto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como Nadal han destacado que todos estos cambios son fruto de acuerdos con los grupos políticos y recogen sus aportaciones.

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