En un comunicado, Mata ha recordado que con el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el que se insta a las entidades bancarias a devolver todas las cantidades cobradas a raíz de la aplicación de la cláusula suelo, "serán muchos los ciudadanos que tengan derecho a cobrar por las cláusulas abusivas que en su día impusieron entidades bancarias y que, sin embargo, podrán encontrarse con dificultades para saber qué tramites realizar y qué procedimientos seguir".

Para evitarlo, los socialistas valencianos piden al Consell que habilite un servicio de asesoría gratuita para que los valencianos puedan informarse gratuitamente de cómo actuar para que sus bancos les devuelvan las cantidades que les corresponda en función de sus hipotecas, así como la cuantía a la que tienen derecho.

ELIMINAR TRABAS

"Tenemos que lograr que se eliminen todas las trabas posibles desde la Administración valenciana en aras de garantizar el interés de los ciudadanos, que ya han sido afectados por un comportamiento abusivo y no pueden serlo ahora también por falta de medios o retrasos que les impidan reparar el perjuicio causado", ha asegurado Mata, que ha indicado que la intención es que se establezcan "tres filtros de asesoramiento".

Así, en un primer momento se debería poder atender a los ciudadanos para explicarles si su hipoteca está afectada o no por la cláusula suelo, en un segundo filtro se debería de realizar un cálculo aproximado del coste económico de realizar una reclamación judicial o extrajudicial para los afectados y, finalmente, informar de las vías que tendrían disponibles para resarcirse de la complejidad o no de la reclamación y de los costes que podría suponer cualquier acción jurídica.

Mata ha señalado que iniciativas como esta demuestran "el compromiso de los partidos del Govern del Botànic con las personas" y su voluntad de "apostar por una Administración al servicio de la gente". Asimismo, ha apuntado que en una "situación excepcional como esta" la gente "tiene que tener al Consell a su lado" para que "pueda resarcirse de los derechos que tienen garantizados gracias a leyes aprobadas por gobiernos progresistas" y "debe garantizar que ninguna entidad, por potente que sea, pueda abusar de los consumidores".