La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del denominado 'caso Guardería', que investiga el derribo de la guardería del barrio murciano de La Paz, por un presunto delito de prevaricación con respecto a la aforada Adela Martínez-Cachá, actual consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, pero concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia en el momento de los hechos.

En el auto, notificado este jueves, se designa al magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, instructor del procedimiento sobre un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un comunicado.

La Sala fundamenta, además, que dado que los hechos investigados como presuntamente delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecución de las actuaciones respecto de la aforada "resulta inescindible del resto de la instrucción practicada hasta la fecha" por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.

El auto de incoación de Diligencias Previas no es firme, cabe interponer recurso de Súplica.

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