En una nota, el PP ha afirmado que la edil del equipo de gobierno Laura Álvarez "dio una indicación política, vía correo electrónico, al director de Gabinete Jurídico del Ayuntamiento para que modificara los criterios de un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y ante la negativa del funcionario a anteponer criterios políticos a los criterios legales fue cesado de sus cargo".

En este sentido, ha explicado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en los procedimientos abiertos por la demanda interpuesta por los trabajadores cesados tras el cambio de gobierno, solicitó opinión al Ayuntamiento acerca de la jurisdicción competente para la tramitación de los procedimientos, ya que las incidencias laborales del personal laboral indefinido suelen ser tramitadas por la jurisdicción social en lugar de la contencioso administrativa.

Según el PP, "ante este criterio jurídico y no político, la delegada del PSOE dio la orden de que se modificara los criterios trasladados al Juzgado, por entender que esta realidad es favorable a los trabajadores, lo que no deja de ser sorprendente en alguien que dice defender ideas socialistas".

Para Saldaña, "estos hechos son muy graves", ya que "por la interferencia política de una dirigente del PSOE sin conocimientos jurídicos que intenta imponer un criterio político a un funcionario público a sabiendas de su injusticia, así como porque da la orden de modificar un documento que ya había sido remitido y fundamentado al juzgado", además de "porque el interés perseguido es perjudicar a los trabajadores municipales".

Por ello, el PP ha manifestado que "dudas" sobre "cuáles son los motivos por los que aún no ha sido notificado el acuerdo de cese, adoptado en una sesión urgente de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 9 de diciembre", por lo que ha solicitado "el acta de la misma, así como los asistentes y el sentido del voto para estudiar las posibles consecuencias jurídicas de la adopción a sabiendas de un acuerdo injusto"".

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