Lo ha hecho en la celebración del 30 aniversario de este servicio público de atención y promoción social en la provincia de Jaén, un acto al que también han asistido la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, y la diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso.

Según ha explicado Cobo, un total 79.000 familias jiennenses, que suponen 217.250 habitantes y un 32,96 por ciento de la población provincial, fueron atendidas por estos dispositivos a lo largo del pasado año.

"Son 30 años de avance en derechos para toda la población en general, para cualquier persona que tenga una necesidad y requiera la intervención de un profesional, que no tiene que ser sólo una necesidad económica sino que tiene que ver con muchos otros temas relacionados, por ejemplo, con la convivencia familiar o las adicciones, puede acudir a estos servicios para impedir situaciones de exclusión social", ha asegurado.

Cobo también ha valorado el manifiesto elaborado por los profesionales de estos servicios reivindicando su trabajo y "el paso tan importante que ha supuesto pasar de un estado en el que había atención que de alguna forma dependía de la sensibilidad del ayuntamiento, de la caridad de algunas instituciones, a que fuera un derecho garantizado con un presupuesto anual por parte de la Junta de Andalucía y de las entidades locales.

Por su parte, Vega ha incidido en la labor prestada por los que "son las personas de referencia en los servicios sociales comunitarios y han sido los artífices de que esta realidad que supone la articulación a través de servicios y prestaciones hoy por hoy tenga la dimensión y la respuesta a las necesidades de la población que tiene".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el nuevo marco normativo aprobado supone "un paso de gigante" en el reconocimiento de los servicios sociales así como en la definición del mapa de la red de centros y servicios sociales ya en vías de ejecución.

Valdivielso, de su lado, ha resaltado cómo el decreto de 5 de marzo de 1986 vino a reconocer la labor que muchos ayuntamientos dos años antes empezaron a contratar a trabajadores sociales para atender a la población y que con el reconocimiento de la Junta a los ayuntamientos, las diputaciones comenzaron a actuar de coordinadoras en esta importante labor.

CASI 55 MILLONES

El año pasado los hogares de Jaén recibieron unas ayudas económicas globales superiores a los 54,7 millones de euros. De esta cantidad la mayor parte, 40,5 millones de euros, lo que representa más de 74 por ciento, los aportó el Gobierno andaluz.

Por su parte, los ayuntamientos de la provincia destinaron a este fin más de 12,8 millones de euros mientras que el Estado ha aportado 569.300 euros, apenas un uno por ciento. El resto del montante fue aportado por los propios usuarios, con 527.155 euros, y 181.130 euros se destinaron a distintas inversiones para la mejora de estos recursos.

El mayor número de estos beneficiarios en 2015 lo fueron por el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (Sivoa) de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con un total de 51.669. Le siguen los que han recibido prestaciones económicas complementarias, 36.030; los que han conseguido ayudas para la prevención e inserción social, 13.824 y los atendidos en sus domicilios, 7.642.

El número de trabajadores jiennenses de los servicios sociales públicos ascendió el año pasado a 2.697, entre los que 2.616 fueron mujeres y 81 hombres. Prestaron un total de 3.568.427 horas de atención, lo que supuso un coste de superior a los 50,3 millones de euros.

Los municipios cuentan con un total de 25 centros de servicios sociales y 117 unidades de trabajo social (UTS), con una media de 675 usuarios cada una y una cobertura de 5.633 habitantes.

NUEVA LEY

La nueva Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada el pasado 14 de diciembre por el Parlamento, ha convertido a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos para los ciudadanos.

Los objetivos principales de esta norma se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.

Esta legislación, que ha sustituido a la vigente desde 1988, ha introducido como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la Tarjeta Social Digital para cada persona y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

En relación con los nuevos derechos establecidos, los usuarios pueden decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención, además de realizar la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, y ayudarles en la toma de decisiones.