El juez José Castro, bajando la cuesta Juzgados de Palma
El juez José Castro, bajando la cuesta Juzgados de Palma EUROPA PRESS

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda desestima así el recurso que interpuso en su día el director de Hospitales de OHL, José Magán, contra la resolución que el 3 de junio dictó al respecto el magistrado, al recriminar el encausado que la Fiscalía no había solicitado esta ampliación sino tan sólo la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Frente a los alegatos del directivo, los magistrados aluden a la complejidad de las investigaciones y, de hecho, aseveran que "basta la mera lectura de la querella" que dio impulso a estas diligencias "para advertir la enjundia de los hechos". A ello se une, subrayan, "la simultaneidad de causas similares" en instrucción y enjuiciamiento así como "la falta de medios personales" de los que dispone Anticorrupción para abordar todos los asuntos.

Se trata así de unas circunstancias que, a juicio de la Sala, "fundamentan suficientemente lo extraordinario de la causa" para acordar su prórroga de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y hasta 18 para la investigación de las causas más complejas.

Según la normativa, la declaración de complejidad debe ser solicitada por las acusaciones en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses.

Sin embargo, la Abogacía de la Comunidad Autónoma fue la única acusación que pidió un año más de instrucción al considerar que lo extenso de las pesquisas hace necesario que se alargue su duración para esclarecer las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión de Son Espases, que recayó en manos de Dragados, una de las filiales de ACS, y si los trabajos realizados en la sede de Génova fueron sufragados de forma ilegal por parte de las empresas que optaron a la construcción del hospital.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no se pronunció al respecto.

Cabe señalar que la prórroga también afecta a la pieza secreta abierta en el marco del caso Son Espases relativa a la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, que se encuentra bajo lupa judicial al constar en ella múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

Bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y están en manos de la Audiencia Nacional, que remitió a Castro la agenda para indagar sobre su posible vinculación con Son Espases.

CITACIÓN DE VILLAR MIR, EL 9 DE ENERO

Se da la circunstancia de que la principal diligencia prevista en próximas semanas es la declaración de Villar Mir, principal investigado en el caso Son Espases, quien será interrogado de nuevo a petición propia.

El que fuera presidente de OHL hasta el pasado mes de junio y exministro de Hacienda ha solicitado en varias ocasiones el archivo de su imputación, recriminando que se dirijan acciones penales contra él "por ser quien es" en base a "conjeturas imprecisas", "vaguedades" y "buscando lo que no existe".

Es más, el empresario llega a comparar de forma velada su situación procesal con la de la Infanta Cristina en el caso Nóos: "Se hace preciso recordar que la misma Fiscalía Anticorrupción" -querellante en el caso Son Espases- "en otros procesos sobradamente conocidos siempre mantuvo, con acierto, que no se es responsable por ser quien es ni por lo que se es, sino por lo que se hace. En suma, la misma tesis que defendemos aquí", puso de manifiesto en un recurso.

Respecto a las investigaciones sobre Génova, Villar Mir presentó en mayo un escrito ante Castro en el que considera "diligencias de difícil justificación" las llevadas a cabo en este sentido, puesto que hasta octubre de 2015, cuando el magistrado comenzó a indagar la vinculación de estos hechos con la construcción del hospital de Son Espases, "no había habido la más mínima referencia a las obras de esa sede".

La defensa del empresario niega en cualquier caso que OHL haya intervenido en las obras de reforma de la sede nacional del PP como en ninguna otra instalación perteneciente a los 'populares'.

FACTURAS POR VALOR DE 237.000 EUROS

Cabe recordar que, además, el PP entregó a Castro facturas relativas a la remodelación de la sede de Génova que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

El partido explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por la formación mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

COMISIONES DE NUEVE MILLONES DE EUROS

En cuanto a la construcción de Son Espases, según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente a favor de la filial de Florentino Pérez tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

OHL fue desbancada así como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro en julio de 2015, el fiscal Pedro Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.