Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita para el acusado siete años de prisión por los presuntos delitos de corrupción de menores, difusión de material pornográfico en cuya elaboración han sido empleados menores de edad, concurriendo la circunstancia agravante por revestir los hechos un carácter particularmente degradante y vejatorio. Durante el juicio, este hombre ha reconocido que "contenía los archivos, pero que no sabía que eran de menores".

Al amparo de lo establecido en el artículo 192 del Código Penal, el fiscal interesa la imposición de la medida de libertad vigilada por tiempo de cinco años para su cumplimiento posterior a la pena de prisión que se imponga y con el contenido que en dicho momento se determine, y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de once años.

Del mismo modo, procede acordar el comiso del material informático intervenido, haciéndose entrega de los dispositivos a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que ha desarrollado la investigación con la autorización para el empleo del material audiovisual por dicha Unidad en futuras investigaciones.

Los hechos se remontan a finales de 2013 cuando la Brigada Central de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía realizó, hasta marzo de 2014, una investigación con el propósito de localizar a los usuarios que estuvieran facilitando la distribución de archivos que contuvieran imágenes de abuso sexual a menores de edad.

Para ello, mediante el empleo de una serie de aplicaciones, efectuaron diversos rastreos de la red, identificando a los usuarios que poseían los ficheros que habían sido encontrados a raíz de denuncias, en su integridad. Esta investigación dio como resultado la identificación del número de teléfono de un domicilio de la ciudad de Huelva.

Así, una vez practicado el registro en el citado domicilio del acusado en febrero de 2015, los funcionarios de la Unidad de Policía Judicial actuante hallaron un ordenador de torre y un portátil de los que extrajeron los respectivos discos duros.

Según asegura el fiscal en su escrito, el ordenador de mesa contenía numerosísimos archivos con contenido de pornografía infantil, más de 27.000, que además incluían en sus nombres y clasificaciones términos alusivos a porno infantil.

En estos archivos aparecen vídeos de menores de corta edad, entre cuatro y ocho años, con exhibición de sus genitales, realizando masturbaciones, y siendo objeto de agresiones sexuales.