El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y Redesscan dicen que el Gobierno incumple la ley de Servicios Sociales

  • El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, Redesscan, ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias por entiende que el Gobierno autonómico incumple la actual ley de Servicios Sociales de Canarias, la ley de prestación Canaria de inserción,

la aplicación de la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.

Así lo ha informa este martes Colegio de Trabajo Social de Las Palmas en un comunicado para añadir que

"se ha mentido" al afirmar que "estos son los presupuestos

más sociales desde que se empezó la crisis" y afirma desde el Gobierno

el aumento para la partida de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es de un 10% "cuando la realidad es que sube un 6,45%".

Por otra parte

han detectado por programas un recorte en las partidas de prestaciones y otras ayudas sociales un 10,04% menos, en la prevención e intervención en el área del menor y la familia un 1,35 %, en la atención a personas con discapacidad recortan un 0,03% y el fomento del empleo un 23,68 menos que el año anterior.

Además, han sostenido que no se establecen partidas específicas para el traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Igualmente el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y Redesscan

han asegurado que

en la función de actuaciones de protección y promoción social, en diez años, ha bajado la partida en 133 millones, en comparación con el 2010, hace 7 años ha descendido en 324 millones.

"Que desde el 2016 al 2017 haya crecido en 274 millones está bien, pero es insuficiente, aún no alcanza y no se ha incrementado, como hemos comprobado en una mirada a través de los años", han sostenido.

Exigen que el Gobierno de Canarias desarrolle unos presupuestos ciudadanos y participativos; unos presupuestos que aumente la partida de servicios sociales públicos para que den respuesta a toda la población, especialmente a las personas en situaciones de exclusión.

Asimismo piden unos presupuestos que contengan medidas de control del fraude fiscal y la economía sumergida, que no apoyen mecanismos que merman nuestra capacidad fiscal como la RIC; y que no aumenten los impuestos indirectos y no los directos, "cargando así más a las clases medias y bajas, y no al gran capital".

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