Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga, a raíz de una denuncia de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, han inspeccionado una residencia canina y denunciado al titular de la misma por la comisión de varias infracciones relacionadas con las condiciones en las que se encontraban las instalaciones, así como algunos de los animales que se albergaban en ellas.

La investigación comenzó en el mes de septiembre, cuando varias unidades del mencionado Grupo de Policía Judicial procedieron a personarse en el establecimiento, situado en el diseminado Picadero La Ermita, entrevistándose con el encargado y procediendo a inspeccionar las instalaciones junto al mismo.

Así, una vez dentro, los agentes observaron que había animales sueltos en el recinto, concretamente cinco perros de diversas razas, careciendo todos ellos de sus respectivos microchips. Ante ello, el encargado manifestó desconocer su propiedad, por lo que se dio aviso a los Servicios del Centro Zoosanitario Municipal para proceder a su retirada, según ha informado la Policía Local a través de un comunicado.

Los policías locales pudieron comprobar que existían un total de 283 habitáculos o perreras ubicados en 12 módulos, no pudiendo acceder a su interior debido a que se encontraban cerradas con candado o cerradura y el encargado no poseía llaves de las mismas, manifestando que solo las tenían los propietarios, por lo que los agentes solo pudieron ver la mayoría de ellas desde el exterior, por su parte trasera, y anotando el número de animales y la especie a la que pertenecían cada uno de ellos.

En algunas de las perreras había un número elevado de animales, con hasta 17 perros en un habitáculo de diez metros cuadrados y en otras desde distintas especies de aves, como canarios, jilgueros, gallos de pelea, y gallinas, hasta cerdos vietnamitas, hurones, gatos o perros potencialmente peligrosos.

De igual modo, los agentes pudieron advertir que en el interior de algunas de las perreras había perros atados con correa corta a punto fijo, careciendo de luz artificial y siendo escasa la luz natural de la que disfrutaban, ya que las perreras se encontraban medio tapiadas o cerradas con persianas, tableros o chapas, resultando prácticamente imposible ver con claridad a los animales que se albergaban en ellas.

Por los hechos, los policías locales llevaron a cabo las comprobaciones oportunas para identificar a los propietarios que tenían arrendadas las perreras, dándole prioridad a aquellas en las que se había detectado algún tipo de irregularidad, pudiendo comprobar que el libro de registro no había sido actualizado desde hacía años.

Además, los agentes contactaron telefónicamente con algunos de los arrendatarios, acudiendo junto a los mismos a la residencia canina y denunciando a tres de ellos por motivos tales como no haber llevado a cabo las vacunas obligatorias, no presentar cartillas sanitarias o carecer algunos de los animales de microchip identificativo.

Asimismo, días más tarde, se personó en dependencias del Grupona un hombre, que tras aportar carné profesional de veterinario, manifestó de forma libre y espontánea ser el administrador de la sociedad titular de la residencia canina y encargado del control sanitario y supervisión de los animales en ella alojados.

También reconoció ser consciente del estado en el que se encontraban las instalaciones y los animales, encontrándose en algunos casos hacinados, no pudiendo llevar a cabo ninguna tarea de mantenimiento ni reforma por motivos económicos, ya que el centro no generaba los beneficios suficientes para ello.

El encargado presentó la documentación correspondiente. En concreto, el seguro de responsabilidad civil, seguro de daños a terceros y documentos expedidos por el Centro Ambiental de Málaga 'Los Ruices' (Limasa) sobre vertidos orgánicos realizados, aportando el último recibo con fecha de abril del año en curso.

Los agentes continúan inspeccionando junto a sus arrendatarios algunas de las perreras y corrigiendo las infracciones que eventualmente se detectan por vulnerar la normativa vigente sobre protección y bienestar animal, aunque hay que recalcar que en la mayoría de los casos tanto los animales como la documentación de los mismos se encuentran en regla.

Entre las infracciones detectadas en la inspección han citado, entre otras, ser titular de una explotación avícola careciendo ésta de código de identificación, registro y libro de explotación.

Además, los agentes observaron unos 500 gallos de pelea y gallinas en la explotación, no encontrándose la explotación inscrita en el Registro de explotaciones ganaderas de Andalucía, tal y como prevé la normativa.

No presentar documento de calificación ambiental, con evaluación de los efectos que el ejercicio de la actividad produce en el medio ambiente; no mantener la explotación avícola la distancia sanitaria requerida normativamente respecto de la explotación canina y no disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas, son otras de las infracciones detectadas por los investigadores.

Asimismo, carecía de personal suficiente con los conocimientos necesarios para el cuidado de los animales, de autorización municipal para albergar animales potencialmente peligrosos y no existía un control veterinario de los animales que residen en el centro o ingresan en él, en cuanto a su identificación, vacunación y cumplimiento de la normativa en materia de protección, sanidad y bienestar animal.

No presentar la instalación en general un ambiente higiénico; no adoptar medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del entorno; que el sistema de desagüe y gestión de excrementos sólidos y líquidos incumple la normativa higiénico sanitaria y medioambiental y que no dispone de medios para la limpieza y desinfección de los locales, materiales y utensilios en contacto con los animales y de los vehículos utilizados en el transporte de los mismos, también son infracciones detectadas en la inspección.

Por último, han citado que no disponía de locales o jaulas de fácil lavado y desinfección para el aislamiento y observación de los animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas ni el tipo de medidas higiénicas que se adoptan en estos casos; ni de programa de higiene y profilaxis de los animales albergados y, por último, también existe un posible incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.