En un auto fechado el 13 de diciembre, el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia señala que entre los hechos relacionados con el caso Imelsa y que pueden ser investigados de forma independiente figuran una serie de contrataciones en Ciegsa realizadas entre febrero de 2004 a octubre de 2005, período en el que Rus presidía la Diputación y Caturla ocupaba el cargo de secretario autonómico de Educación de la Conselleria y era consejero delegado de dicha empresa.

De la documentación que obra en la causa, se desprenden "indicios de que, desde las facultades que les ofrecía su respectiva posición, habría ordenado el primero (Rus) y llevado a cabo el segundo (Caturla) la contratación de personas con cargo al presupuesto de la empresa pública sin observancia de requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos para la empresa".

El juez considera que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación. En el mismo auto, consultado por Europa Press, se cita también en calidad de investigadas a otras cinco personas que fueron contratadas por Ciegsa en el período analizado y que tendrán que declarar el próximo 29 de diciembre.

Además, el instructor hace ofrecimiento de acciones a la Generalitat Valenciana y solicita que se aporten diversos documentos y archivos, como grabaciones efectuadas por el arrepentido Marcos Benavent, varias declaraciones ante la justicia y policiales, el historial laboral de los investigados.

En otro auto, de 15 de diciembre, el juez rechaza la solicitud del exasesor del grupo popular en la Diputación y exalcalde de Genovés Emilio Llopis de que se decretara la nulidad de las actuaciones por afectar a derechos o libertades fundamentales.

"HECHOS CONSENTIDOS"

El juez deniega esta solicitud de archivo y confirma una resolución anterior de 20 de octubre de 2016 al considerar que las grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa arrepentido Marcos Benavent -y que entregó a su exsuegro Mariano Lóez Sancho- y posterior revelación del contenido "se mire como se mire son hechos consentidos".

Finalmente, el juez ha dictado un tercer auto, de 14 de diciembre, en el que accede a la petición de varias defensas de que un perito lleve a cabo un examen técnico de los soportes informáticos originales que fueron remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) a efectos de verificar su fiabilidad.

Sin embargo, hace notar que "la diligencia pedida se hace desde un posicionamiento cuestionable, pues parece dudar de la imparcialidad y sometimiento a la ley de los investigadores en la obtención de la prueba, sin otro indicio justificativo que el parecer de las partes de que la conversación en cuestión no parece espontánea, lo cual, aún de aceptarse y en sí mismo, no tendría por qué cuestionar el buen cometido policial".