En una providencia fechada este mismo miércoles día 14 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Yolanda Sánchez Gucema atiende así la petición de suspensión realizada por la abogada defensora de Antonio Rodrigo Torrijos.

De este modo, y en esta providencia facilitada por el TSJA, la juez aplaza el inicio del juicio al 17 de enero próximo, cuando tendrá lugar la presentación de las cuestiones previas, que anteriormente habían sido previstas para los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre.

Una vez concluido el trámite de presentación de cuestiones previas, el Juzgado ha previsto la continuación del juicio para los días 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de enero, así como los días 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 28 de febrero -festividad, por cierto, del Día de Andalucía-, y 2, 3, 7, 9 y 10 de marzo de 2017, cuando está previsto que concluya la vista oral.

El juicio, que durará un total de 28 sesiones, se celebrará en la Audiencia Provincial de Sevilla, concretamente en la sala de vistas asignada a la Sección Segunda y que se encuentra ubicada en la tercera planta del edificio judicial.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, remitió la causa al Decanato para su enjuiciamiento después de que, en abril de 2015, la entonces titular del Juzgado, Mercedes Alaya, abriera juicio oral contra un total de diez personas, entre ellas Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex asesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, o el ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

Asimismo, abrió juicio oral contra la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

La instructora atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación.

La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".

Sobre el delito de prevaricación, la juez indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".

"OFERTAS DE RELLENO"

Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 -donde el pliego se explica con detalle-, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".

De igual modo, la juez abrió juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario -los dos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus-, ya que "los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad".

La juez, que impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad.

Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados.