La subida de precios ha sido generalizada en prácticamente todos los grupos, pero especialmente en alimentos y bebidas. Por el contrario, descienden en los capítulos de Vivienda y Transporte, debido a que los carburantes y lubricantes están más baratos este mes en relación con el mes de noviembre del año pasado.

En este sentido, cabe recordar que, desde la última reforma del sistema de pensiones, impuesta en el año 2014, el incremento de estas prestaciones ya no está vinculado a esta evolución de precios (anteriormente se tomaba como referencia el IPC interanual registrado en noviembre), sino que establece un techo máximo de crecimiento del 0,25 por ciento. Esto significa que, este año, con un Índice de precios en positivo, "las pensiones van a perder poder adquisitivo".

En este sentido, teniendo en cuenta que experimentaron un incremento del 0,25 por ciento al inicio de 2016 como resultado del nuevo índice de revalorización, "los pensionistas riojanos han perdido un 0,15 por ciento su poder adquisitivo real debido a la desviación del 0,4 por ciento de los precios en La Rioja".

Una realidad que también es aplicable a los salarios, cuyo aumento es necesario y urgente para colaborar a la reducción de las desigualdades y de la pobreza, reforzando el crecimiento económico. Por ello, los incrementos salariales deberán regirse por los criterios siguientes: Deben crecer por encima de la inflación (la previsión de un aumento medio de la inflación de consumo para 2017 es del 1,3 por ciento).

Pero además de ganar poder de compra, los salarios deben ganar participación sobre el reparto de la renta. Ello supone trasladar a salarios todos los aumentos de productividad laboral, que para 2017 se estiman en el 1,6 por ciento en términos nominales (productividad real + inflación.

Por último, es necesario incluir en los convenios una cláusula de garantía para el caso de que la inflación a final de año "sea superior a la prevista, para evitar que un aumento de los precios superior al estimado inicialmente termine por absorber la ganancia de poder adquisitivo pactada". Porque los trabajadores y las trabajadoras "no pueden terminar pagando de su bolsillo la incidencia sobre los precios de factores que nada tienen que ver con ellos y que no controlan".