La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las CCAA, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El 55,1% de los lanzamientos se derivó de ejecuciones hipotecarias, mientras que 189 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los 28 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler aumentaron respecto al tercer trimestre de 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 24,3% por ciento.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2016 fue de 278, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 139 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 43,3%.

Por otro lado, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año fue de 408, un 43,5% menos que en el mismo periodo del año anterior; la más baja de las registradas desde 2008.

Todas las comunidades experimentaron descensos interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, siendo superiores al 40% en Asturias, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2016, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia fue de 42.

De esos, siete corresponden a los presentados por personas naturales no empresarios -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, por lo que atendiendo solo a los 35 concursos registrados en los Juzgados de lo Mercantil se observa una disminución interanual del 13,3%.

Por otra parte, el número de concursos declarados en el tercer trimestre en los Juzgados de lo Mercantil fue de 18, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Además, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados llegó a la fase de convenio un concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 17, un 32% menos que en el tercer trimestre de 2015.

En este trimestre se presentó un expediente del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE) ha pasado de expedientes, frente a los dos que se registraron el tercer trimestre del año pasado.

DEMANDAS POR DESPIDO

Las 771 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el tercer trimestre del año suponen un aumento interanual del 8,3%, a pesar de que en el conjunto del territorio nacional se experimentó un descenso del 6,4%.

Por territorios, Madrid -con 4.745, el 20,3% del total nacional- fue la Comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña -con 4.348, el 18,6%- y Andalucía -con 3.726, el 15,9%-.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social en el tercer trimestre del año sí descendió un 24,2% en el cómputo interanual, con un total de 682.

Igualmente, los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 3.895, lo que supone una reducción del 33,8% respecto al mismo periodo de 2015.

La disminución se ha producido en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña, donde han aumentado un 35,9%.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.