La Fiscalía tiene previsto solicitar diez años de inhabilitación para empleo o cargo público en el juicio, previsto para el 19 de enero según han indicado a Europa Press fuente judiciales, al entender que el exalcalde "tomó una serie de decisiones que no documentó por escrito", que eran "contrarias al ordenamiento jurídico" y ante las cuales únicamente imponía "su libre criterio y voluntad al margen de la idoneidad de los beneficiarios y el servicio público"

El Ministerio Público afirma que, en nueve de los casos, "no solo no existió procedimiento de contratación alguno, sino que ni siquiera fueron dados de alta en la Seguridad Social ni se formalizó en forma un contrato laboral".

Así, detalla las contrataciones realizadas cada año, que se situaron siempre por encima de lo estipulado en los presupuestos para contar con personal laboral. Así, en el año 2009 llegó a doblar esa cifra, de acuerdo con el escrito del fiscal, al fichar a 38 personas de las 17 previstas según el presupuesto.

Entre los puestos que habría adjudicado en los términos expresados por el Ministerio Público se encuentran los de administrativo, monitor deportivo, conductor de maquinaria, animador o auxiliar administrativo, entre otros, sin llegar a "atender a criterios de necesidad, mérito y capacidad".

El escrito de acusación le atribuye además el haber contratado "de forma directa y verbal" parte de la obra de la guardería infantil por un importe de 400.000 euros, y tres proyectos técnicos por un montante global de casi 127.000 euros para un pabellón deportivo y para un espacio escénico

Sostiene que, como consecuencia de estos actos y "de otras actuaciones realizadas por el Ayuntamiento a instancia" de José Pérez "se generó en esos años una deuda a 25 proveedores del Ayuntamiento que, en junio de 2014, ascendía a 388.740 euros para los que no existía consignación presupuestaria ni expediente administrativo".