En concreto, ha rechazado la desestimación de dichos recursos por parte de la Audiencia Provincial "apoyándose en los argumentos de la jueza de instrucción", y ha lamentado que dicho órgano judicial "mantenga injustificadamente la prisión provisional" para Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, al tiempo que exige para éstos su "inmediata puesta en libertad".

A través de una nota de prensa, UPA-UCE reitera, igualmente, que las acusaciones sobre la "no prestación" del servicio de asesoramiento agrario "son falsas", así como que "dicho trabajo se realizó diligente y eficazmente y que así será demostrado".

De igual modo, y tras ponerse "una vez más" a "disposición" de la justicia para aportar "cuanta documentación sea requerida", la organización agraria exige la "inmediata puesta en libertad" de Ignacio Huertas y Maxi Alcón.

Por otra parte, UPA-UCE muestra su "absoluta indignación" por la "nueva filtración a medios de comunicación de un auto judicial", en este caso el desestimatorio de los recursos de puesta en libertad presentados por Ignacio Huertas y Maxi Alcón, "antes aún de que se haya materializado su comunicación a sus abogados".

Al respecto, percibe que la "reiteración" de las filtraciones y el "abuso" de las mismas supone "un abuso", al entender que "la sobreexposición mediática puede conducir a futuras actuaciones judiciales mediatizadas y, en cualquier caso, contribuye a un juicio público paralelo permanente carente de rigor, como carentes de rigor son, manifiestamente, muchas de las conclusiones que figuran en la instrucción realizada por la Guardia Civil", apunta.

Considera, así, "intolerable" el "linchamiento público" al que a su juicio están siendo "sometidos" los dirigentes de UPA-UCE Extremadura, para quienes según apunta "la audiencia provincial mantiene incomprensiblemente una medida absolutamente excepcional como es la prisión preventiva bajo el insostenible argumento de su capacidad de influencia sobre los administrativos y trabajadores de UPA-UCE así como el estado incipiente de la investigación".

Para UPA-UCE, ambos argumentos son "insostenibles", ya que "en primer lugar, UPA-UCE sigue desarrollando su actividad de forma ordinaria y no está exenta de dirección, que ha sido asumida por otros responsables de la organización"; y, por otra parte, "resulta hiriente el argumento del incipiente estado de la investigación tras 10 meses de diligencias llevadas a cabo bajo secreto y la práctica de los registros realizados en diversas sedes de UPA-UCE".