Si quiere evitar la picaresca y los timos, anote en su nevera las tarifas que desde hoy deberá pagar por la revisión de su instalación de gas, pues serán las mismas para todas las compañías y da igual si vive en Málaga o en Córdoba. Sólo subirán igual que el IPC.

A partir de ahora, ningún distribuidor (gas natural o propano) podrá inspeccionar su conducción de gas cuando quiera, ni cobrarle en mano el precio que quiera. Pagando usted, sólo será obligatorio cada cinco años y se abonará en su factura. Si la compañía envía a un revisor alegando seguridad o cualquier otro motivo antes de que transcurra ese tiempo, no está obligado a sufragar esa cuantía.

Otra cosa bien distinta es si llama a la empresa y pide que le echen un vistazo a su instalación de forma voluntaria. En ese caso le aplicarán un precio distinto (están en revisión) al que se abona en la revisión obligatoria cada cinco años.

Para esos casos, desde hoy hay nuevas tarifas. Las publicó ayer el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y afectan a todos los distribuidores de gas canalizado de Andalucía.

Se establecen tres grandes grupos. En el primero están los consumidores domésticos con red de gas natural. Quien tenga un contador individual pagará cada cinco años 39,80 euros (IVA incluido); y si la instalación es común, 47,96. Según un portavoz de Gas Natural, la mayoría de sus clientes (aproximadamente el 70%) están dentro de la primera tarifa.

En un segundo grupo se incluye los clientes industriales (con consumos superiores a los 100.000 kW-h/año) que pagan según el gasto. Y en un tercero, los vecinos con red de propano. Por este tipo de gas (habitual en las urbanizaciones), un usuario con contador individual pagará 54,30 euros; colectivo, 61.

Estos precios están en vigor desde hoy, pero se aplicarán a inspecciones realizadas desde el 5 de marzo de este año. Tiene seis meses para pedir que le devuelvan el dinero o abonar la diferencia.

Las denuncias de los consumidores contra las compañías de gas se han reducido en Andalucía un 61,4% entre el primer semestre de 2006 y 2007, al pasar de 355 a sólo 137. La mayoría de las quejas son por desacuerdos en la facturación y por la calidad del suministro, según datos de la Consejería de Gobernación. Ésta es la encargada de gestionar las reclamaciones que se interponen ante las respectivas Delegaciones Provinciales de Consumo de la Junta y actúa de mediadora. De las 137 quejas, 12 procedieron de Córdoba. En 2006 fueron 57.