En una rueda de prensa, Cañete ha asegurado que "las políticas sociales forman parte del AND del PSOE", puesto que "todas las leyes que han supuesto un avance social para la ciudadanía llevan la firma de gobiernos socialistas, todo lo contrario de lo que hace el PP, que trata de desmantelar el Estado del Bienestar, privatizando y dejando en la estacada a los que peor lo pasan", ha reprochado.

De este modo, Cañete ha puesto como ejemplo la labor que desarrolla la Diputación de Córdoba, en la que "las políticas sociales son una prioridad, porque nuestra premisa siempre ha sido que no podemos avanzar como sociedad dejando a determinados colectivos en el camino", ha remarcado.

Así se demuestra, según ella, con el presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), que se incrementó en 2016 un 11% y prevé un aumento del 9,45% para el próximo año, "unos presupuestos que han permitido poner en marcha, entre otros, el Programa Provincial de Empleo Social, el Programa de Ayudas económicas familiares, el Programa de Emergencia Social y los programas de participación social del mayor y el de envejecimiento activo", ha detallado.

Además, Cañete ha destacado el programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética y la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, "que refuerzan nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida y el futuro de los cordobeses en condiciones de igualdad", ha subrayado.

"Todo ello se verá fortalecido con el Plan Impulso", ha asegurado Felisa Cañete, quien también ha reclamado que "todas las administraciones, incluido el Gobierno central, hagan el mismo esfuerzo, porque solo así se podrá seguir avanzando hacia un futuro mejor".

EL PRESUPUESTO ANDALUZ

Mientras, la secretaria de Salud del PSOE de Córdoba y delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María de los Ángeles Luna, ha destacado que "las políticas sociales son una prioridad para el Gobierno de Andalucía", una realidad respaldada, según Luna, por las cifras del presupuesto para el ejercicio 2017, donde el 84,4% del mismo está destinado a gasto social, "es decir ocho de cada diez euros están destinados a políticas sociales", ha elogiado.

Asimismo, Luna ha señalado que, "a pesar de los recortes del Gobierno del PP, el Gobierno andaluz ha mantenido su compromiso con el desarrollo de la ley de la dependencia, de la que se cumplen ya diez años, con un incremento del 10% a lo largo de la legislatura".

Así, ha apuntado que "desde la entrada en vigor de esta norma, Andalucía ha invertido 8.000 millones de euros, mientras que el Gobierno de España ha dejado de invertir 1.300 millones y en este ejercicio será un 16% menos que en el 2011", a lo que ha agregado que "a pesar de ello, el compromiso del Gobierno de la Junta es seguir impulsando medidas que garanticen el bienestar de las personas en situación de dependencia".

Luna ha destacado que, en 2016, la dependencia ha tenido un presupuesto de 1.161 millones de euros, de los que 342 millones se han destinado a ayuda a domicilio y ha avanzado que para 2017 "este esfuerzo inversor se va a traducir en 48.100 plazas financiadas públicamente para personas mayores y personas con discapacidad en residencia y en estancia diurna, de las que 5.950 plazas se encuentran en la provincia de Córdoba".

Igualmente, María de los Ángeles Luna ha puesto en valor el Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020, que garantiza las ayudas a familias en grave situación económica, con un presupuesto de 612.000 euros en Córdoba; el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021, o el sostenimiento de los 17 centros municipales de información a la mujer, donde se atienden 39.300 consultas, así como el Servicio Integral de atención y acogida para mujeres y menores.

REFORZAR LA POLÍTICA SOCIAL

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha aseverado que en estos momentos se tramitan en el Parlamento andaluz diferentes leyes que "vendrán a reforzar la política social del Gobierno regional".

Al respecto, ha explicado que "el año 2017 supondrá un revulsivo para las políticas sociales en Andalucía", dado que "a partir de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, todos los programas que desarrollan los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones dejarán de estar basados en la voluntad política para ser considerados un derecho".

"Se garantizarán y se blindarán las políticas sociales como un derecho, un derecho subjetivo, con un baremo único, con una única forma de valorar a las personas con independencia del lugar en el en que vivan", ha asegurado Pérez, quien ha afirmado que "vivan donde vivan, todos los andaluces tendrán los mismos derechos".

Además, Soledad Pérez ha recordado que a lo largo de los próximos meses, el Parlamento de Andalucía aprobará la Ley de derechos para las personas con discapacidad y la Ley de igualdad de trato para el colectivo Lgtbi y la actualización de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y la Ley contra la violencia de género.