Milá, en rueda de prensa, explicó que su departamento quiere "incrementar la calidad ambiental del país", así como "dar respuesta a la demanda social existente por el problema de los malos olores y hacerlo compatible con la competitividad".

En este sentido, la jefa del Servicio de Vigilancia y Control del Aire, Isabel Hernández, destacó que un 30% de las denuncias que se reciben en su departamento son por malos olores, un porcentaje igual al de las denuncias ambientales que se presentan ante el Síndic de Greuges.

Después de dar a conocer este borrador, ahora

se abre un proceso, que el consejero quiere que sea lo más participativo posible,

para que todos los sectores interesados se puedan posicionar y así, a finales de 2005, llevar la ley para su aprobación en el Parlament.

El consejero reconoció que la relación entre olor y molestia percibida es compleja de definir porque confluyen factores físicos y químicos de fácil determinación, pero también otros de carácter subjetivo más difícil de evaluar, como, por ejemplo, el carácter agradable o desagradable del olor, la sensibilidad de cada persona o el entorno en el que es percibido.

Sin embargo, la ley prevé la regulación según las denominadas "unidades olfativas", un método de medida establecido por la Unión Europea, a partir de lo que un grupo de personas detecta como buen o mal olor.

Con la nueva normativa, la Generalitat también quiere dar respuesta a las diferentes solicitudes de asistencia técnica que recibe de forma periódica de los ayuntamientos.

Las fuentes y causas que pueden ocasionar contaminación odorífera son muy diversas e incluyen desde actividades productivas e infraestructuras

hasta prácticas vecinales, por lo que el ámbito de actuación de la futura ley será "muy diverso".

Aunque se contemplan sanciones de 900 a 90.000 euros cuando la emisión de olor supere los niveles establecidos, Milá ha subrayado que

el carácter de la normativa es "preventivo" sobre las actividades potencialmente generadoras de contaminación.

La Generalitat, a petición de los ayuntamientos,

podrá declarar Zonas de Olor de Régimen Especial (ZORE), a aquellas áreas del territorio en las que haya más de una fuente de malos olores, o cuando estos sean de origen desconocido.

Milá, tras considerar que es necesario abordar los malos olores con "valentía y también con prudencia", instó al Gobierno del Estado a que también legisle en esta materia para unificar criterios.