El juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid ha decidido prorrogar seis meses la junta de acreedores de la carretera radial R-2 de Madrid, prevista inicialmente para el próximo 13 de diciembre, según han confirmado fuentes judiciales.

La decisión responde a la petición del Ministerio de Fomento para aplazar 9 meses, hasta julio de 2017, el rescate por parte del estado de la gestión de las autopistas de peaje en concurso de acreedores, a fin de llevar a cabo el proceso de una forma ordenada. Fomento se había comprometido a asumir la explotación de estas vías, pero había solicitado un plazo adicional para ajustar los contratos para la correcta prestación del servicio, según la agencia Efe.

Además, está previsto que el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid dicte en breve un nuevo auto en el que aprobará el plan de liquidación de la R-3 y de la R-5 y en el que se fijará una nueva fecha de cese y fin de actividad, que Fomento podrá aceptar o no en caso de no coincidir con su propuesta.

El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha reconocido que las autopistas están en una situación "muy comprometida" como consecuencia del incremento de los sobrecostes, que pasaron de 400 a 2.300 millones de euros, y de un tráfico inferior en un 40% al que se estimaba antes de su construcción.

No obstante, De la Serna ha insistido en que, aunque es "francamente difícil" lograr este acuerdo, Fomento va a seguir negociando con los bancos para lograr una solución que minimice el impacto para las arcas públicas.

El Tribunal Supremo avaló, en una sentencia del pasado mes de mayo, la negativa del Gobierno a compensar económicamente las pérdidas de Henarsa, la empresa concesionaria de la R-2, en el año 2011 al entender que esta realizó una previsión "excesiva" de ingresos en el plan económico financiero con el que ganó el concurso de construcción de la vía.

La adjudicación se llevó a cabo en el año 2000, siendo José María Aznar (PP) presidente del Gobierno. La construcción duró tres años y se inauguró en octubre de 2003. Hernarsa es una sociedad participada por las constructoras Acciona, Abertis, Sacyr y la gestora de infraestructuras  Globalvía, de la que a su vez forman parte FCC y Bankia, esta última, también rescatada por el Estado.