La otra cara del decreto de impuestos de Montoro: actualizar el IBI a 2.452 municipios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre.
EUROPA PRESS

El real decreto sobre las medidas tributarias anunciadas el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que han entrado en vigor este pasado sábado incluye además una actualización de los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2017 que afectará a los 2.452 municipios que lo han solicitado y que cumplen con los requisitos.

Esta medida, tal y como explica el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, "tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural". Es decir, que esta actualización catastral implica una subida del IBI que los propietarios de bienes inmuebles (viviendas, garajes, locales comerciales...) deberán satisfacer con su ayuntamiento.

Por el momento se desconoce en cuánto se incrementará el IBI en cada localidad, dependerá de los coeficientes de revalorización catastral de los inmuebles urbanos que el Ejecutivo decidirá fijar en los Presupuestos de 2017.

Según consta en la relación de municipios publicada por el BOE, entre las más de 2.400 localidades que verán incrementado su IBI se encuentran capitales de provincia como Valencia, Tarragona, Lleida, Córdoba, Almería, Jaén, Badajoz, Huesca o Teruel, y otras ciudades como Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Badalona, Granollers, Cartagena o Alcalá de Guadaira.

Para que los municipios puedan reclamar al Gobierno una actualización de su valor catastral deben cumplir tres requisitos, según indica el BOE: que hayan pasado al menos cinco años desde la última actualización castastral (es decir, que sea anterior a 2012), que hayan comunicado la solicitud a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo y que hayan justificado "diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes".

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