Las organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil han pedido que no se les desproteja con la posible derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, una norma que, consideran, atendió a "demandas históricas" de ambos cuerpos.

"No podemos permitirnos el lujo de que la ley de Seguridad se cambie cada pocos años como ocurre con la de Educación", ha asegurado el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío. Para este sindicato, lo que se debe hacer es abordar posibles mejoras ante una ley "unilateral", en alusión a su aprobación con los votos del PP y UPN y que recurrió la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Como el resto de organizaciones policiales, el SUP entiende que la llamada 'ley mordaza' carece de un desarrollo adecuado en lo referente a los recursos que pueden plantear los ciudadanos sancionados por algunas de las 44 causas que recoge la norma aprobada en 2015.

Desde su entrada en vigor, las multas impuestas por las fuerzas de seguridad se tienen que recurrir ante administraciones como las delegaciones del gobierno y, en caso de perder, el ciudadano tendría que recurrir ante el juez, previo pago de la sanción. El SUP considera que esto último requiere de un "desarrollo adecuado", pensando en los derechos ciudadanos.

La Confederación Española de Policía (CEP) insiste en la posibilidad de reforma pero no así en la derogación, tal y como plantea el PSOE. "Nos parece un despropósito plantear la derogación de una ley orgánica de esta naturaleza", ha comentado su portavoz, Antonio Labrado, quien lamenta que se imponga un debate que "no es jurídico o técnico, sino político".

Los sindicatos se refieren de esta forma a la presentación del Grupo Socialista en el Congreso de su propia Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la vigente, cuya derogación ha sido reclamada esta semana por la mayoría de la Cámara. Los socialistas buscan una "amplia mayoría" y avisan al PP de que, tras quedarse en minoría, puede sumarse al resto de grupos en la negociación del nuevo texto o "resistirse y perder una votación más".

Desde la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), su portavoz, Juan Fernández, considera que el largo trámite parlamentario de 16 meses de la conocida como 'ley mordaza' salvó los elementos más polémicos de un proyecto original impulsado por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

"Siempre hemos dicho que queremos protegernos pero sin que esto signifique limitar los derechos de los ciudadanos", ha explicado Fernández. El portavoz de la AUGC cree que fue un acierto blindar el derecho a la intimidad de los agentes y recuerda que la ley de 2015 es "suficientemente garantista" porque obliga a los miembros de las fuerzas de seguridad a mostrar su número de identificación.

Las asociaciones mayoritarias discrepan de la lectura del PSOE de que sea necesario derogar la 'ley mordaza' para que deje de ser sancionado administrativamente la participación en manifestaciones que perturben gravemente el desarrollo de las sesiones en el Congreso o el Senado o utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en ambos casos con multas de hasta 30.000 euros.

Los socialistas también buscan acabar con la consideración como infracción grave (hasta 600 euros de multa) la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad. "Se trata de una demanda histórica justa que, siendo proporcionada, protege a los policías de determinados usos maliciosos de imágenes con fines que les ponen en peligro", subraya el portavoz de la CEP.

Los sindicatos reconocen que ha habido algunas multas rodeadas de polémica, pero recuerdan que esto no debe afectar a profesionales del periodismo y que las sanciones se deben limitar, según el espíritu de la ley, a casos en los que, por ejemplo, se provoquen riesgos para la seguridad de los agentes. La CEP pone un ejemplo de un comentario en Twitter que animaba a "cualquiera que tenga un vecino antidisturbio" a que lo difundiera. El mensaje concluía animando a "ir a por ellos".

Mientras se tramita la nueva ley, y "para que no haya un vacío legal", el PSOE propone volver "temporalmente" a la anterior ley de seguridad ciudadana, que aprobaron los socialistas en 1992, la conocida como 'Ley Corcuera', y que estuvo en vigor hasta 2011. La anterior era de 1959.

Los sindicatos recelan de esta vuelta atrás. "Es evidente que nuestra sociedad ha experimentado profundos cambios a un ritmo vertiginoso, incorporando las nuevas tecnologías al quehacer habitual de quienes protagonizan conductas antisociales", ha insistido Antonio Labrado, portavoz de la CEP.

El nuevo Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana propició el nacimiento de plataformas como 'No somos delito', que agrupa a organizaciones sociales, representantes de la judicatura y partidos políticos, críticos todos ellos con una legislación que relacionan con el "afán recaudatorio" del Gobierno y su "miedo" a las protestas en la calle.

El Gobierno, por su parte, mantiene que la ley de 2015 es equiparable a la de otros países europeos, además de respetuosa para el ejercicio del derecho a la manifestación, tal y como, dicen, se ha puesto de manifiesto con protestas como el 'Rodea el Congreso' celebrado el mismo día que Mariano Rajoy era investido presidente del Gobierno por segunda vez.