Más de 6 millones de hipotecas podrían tener cláusulas de constitución abusivas

  • En diciembre de 2015, el Supremo consideró nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas.
  • Sólo en 2015 los consumidores pagaron 450 millones de euros por esos gastos.
La hipoteca es la decisión económica más importante que adopta una familia.
La hipoteca es la decisión económica más importante que adopta una familia.
FINANCIALRED

Hace ahora casi un año, el 23 de diciembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo consideró nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas. En España, más de 6 millones de hipotecas podrían contar con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización de las hipotecas.

Los gastos de formalización de las hipotecas supusieron sólo en 2015 un desembolso de 450 millones de euros para los consumidores. El cálculo es de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha iniciado una campaña para reclamar la devolución de estos gastos.

Se apoya para ello en esa sentencia del Supremo de 2015, que además de considerar nulas esas cláusulas, determinó que le corresponde a los bancos el pago de esos tributos. La OCU critica que estos gastos de gestión tengan que ser pagados por el cliente cuando son las entidades financieras las principales beneficiadas por la constitución de una hipoteca.

Además, recuerda que, según la sentencia del Tribunal Supremo, desde finales de 2015 estas cláusulas son consideradas abusivas y, por tanto nulas. Frente a esta situación, la organización ha puesto en marcha una campaña para informar a los consumidores cuales son las vías para recuperar las cantidades pagadas de más de manera abusiva.

El pasado mes de agosto, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que limita las comisiones a cobrar por estos préstamos y las remuneraciones de los prestamistas inmobiliarios, entre otras medidas. La normativa supone la trasposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y Consejo sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

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