La propuesta consiste en incluir una disposición transitoria en la Ley de Acompañamiento de los presupuesto para 2017 que suspenda las normas para suelo urbano previstas en el Plan de 1997, ahora en vigor, para después elaborar una normas transitorias con base en el anulado planeamiento de 2012.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha indicado que ha conocido la propuesta este mismo viernes cuando se la ha presentado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la reunión que ambas han mantenido en la sede del Ejecutivo y a la que también ha asistido el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz.

"Lo acabo de conocer, no tenía conocimiento de la propuesta y lógicamente lo primero que voy a hacer es trasladarla al equipo de Urbanismo para que la analicen con detalle y obviamente, dentro del marco de la legalidad y el marco jurídico, la próxima semana se inicien reuniones con el Ayuntamiento para hablar de este tema tan importante", ha dicho Díaz Tezanos.

La vicepresidenta ha asegurado desconocer la propuesta hasta este momento pero Igual ha afirmado que sí ha habido "contactos informales" al respecto tras la anulación del PGOU pero, sin embargo, no se habían iniciado los estudios de la misma por parte de los servicios de Urbanismo.

Cuestionada por si va a dar tiempo para llevarse a cabo al tener que hacerse a través de la Ley de Acompañamiento, Díaz Tezanos ha considerado que "lo importante es que Urbanismo se pone a trabajar desde ya" a trabajar sobre la propuesta del Ayuntamiento.

Una propuesta que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ya le indicó hace una semana a Igual que desde la parte regionalista del Gobierno se iba a apoyar porque, dijo, los servicios jurídicos ya le habían trasladado que era "perfectamente legal" y que además ya se hacía en otras Comunidades Autónomas.

IGUAL, "ESPERANZA" DE QUE LA PROPUESTA SALGA ADELANTE

Por parte de Díaz Tezanos, el Ayuntamiento ha obtenido hoy su "voluntad de analizarla y estudiarla" desde el equipo de Urbanismo porque, ha enfatizado, el Gobierno está para "solventar problemas". Ante estas palabras, Igual se ha mostrado "esperanzada" de que la propuesta pueda salir adelante.

Y es que, según ha indicado la alcaldesa, esa propuesta tiene que ser "la solución" a la anulación del PGOU para asegurar "la inversión privada que está pendiente de asentarse en la ciudad" y para dar "seguridad jurídica" al marco urbanístico de la capital, en la que se han ejecutado actuaciones desde la entrada en vigor del plan en septiembre de 2012.

Tras la anulación del PGOU y como otra vía, Díaz Tezanos ha indicado que los servicios jurídicos van a pedir una aclaración a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan por la nulidad anterior del bitrasvase del Ebro y "en ello están".

"Parecía que una vez que el plan era anulado por la nulidad del bitrasvase parecía que el sentido común podía indicar que, una vez que se legalice el bitrasvase que será cuestión de meses, pues ya estaría solventado", ha apuntado, pero ha apuntado que es un tema jurídico "complejo" y hay "quienes dicen que habrá que realizar un nuevo plan general y otros que no, una vez se legalice el bitrasvase".

DOS ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE

La vicepresidenta ha anunciado a Igual dos actuaciones importantes en materia de Medio Ambiente que se realizarán próximamente. En concreto, la ejecución de un nuevo depósito de agua en Cueto en el que el Ejecutivo invertirá 2,3 millones de euros y que es la "obra más importante" del Plan de Abastecimiento en Santander.

Esta actuación iniciará su proceso en cuanto el Ayuntamiento cede la terrenos necesarios, que se hará "inmediatamente".

Por otro lado, el Gobierno va a proceder en "breves días" a ceder al Ayuntamiento la conexión de Santander a la Autovía del Agua, una obra "importante" en la que los gobiernos central y regional han invertido más de tres millones de euros.

Por otro lado, han hablado de otros asuntos como el "bienestar de los santanderinos" en lo que el Gobierno invierte más de 44 millones de euros al año para servicios sociales, según ha indicado Díaz Tezanos.

Ha detallado las partidas en las que se reparte esa cuantía como la Renta Social Básica a 2.558 santanderinos (1,2 millones al mes), 230.000 euros del ticket social, 500.000 euros del plan de suministros básicos, 28 millones en atención a la dependencia y 3 millones para trabajadores y educadores sociales.

Pero en materia de Política Social, la alcaldesa le ha vuelto a pedir la participación económica del Gobierno para el Centro de Acogida Princesa Letizia, el "caballo de batalla que tenemos", ha dicho Igual, que ha reivindicado el trabajo de este centro al que el Ejecutivo tiene que "apoyar y aportar".

En este ámbito, también ha avanzado a la vicepresidenta que el Ayuntamiento va a sacar a licitación una nueva residencia de mayores en la zona de Primero de Mayo y le ha pedido conocer las plazas que el Gobierno está dispuesto a concertar.

PETICIONES DEL AYUNTAMIENTO

Igual también ha trasladado a la vicepresidenta otras peticiones o preocupaciones dependientes de los departamentos del Ejecutivo que están en manos socialistas y de los que la alcaldesa hablará en próximas reuniones con los consejeros.

En materia de Cultura, le ha trasladado la necesidad de avanzar para la llegada de la sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía con la firma del convenio, le ha pedido conocer plazos previstos para el MUPAC y la cantidad contemplada en el presupuesto para redactar el proyecto y también ha urgido la cesión de la nave de Gráficas Martínez para continuar trabajando en el barrio cultural de La Florida.

Sobre esta materia, de la que obtendrá detalles en su próxima reunión con el consejero, Ramón Ruiz, Igual también ha insistido a Díaz Tezanos en la petición del Ayuntamiento de que el Gobierno ponga 75.000 euros adicionales a la Fundación Santander Creativa (FSC), una respuesta que ha dicho que el Consistorio necesita conocer porque hay que convocar ya al Patronato para aprobar el plan de actuación para 2017.

En Economía, la regidora municipal ha pedido el apoyo económico del Gobierno para el Pacto Local por el Empleo, solicitando la cantidad de 140.000 euros, la misma que pone el Consistorio.