El nuevo decreto que regula el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso a servicios y prestaciones económicas prevé ampliar la red de valoradores de los 17 a 400 profesionales en él ámbito de los servicios municipales, a los que además se sumarán residencias públicas, hospitales de media y larga estancia, unidades de salud mental y las prisiones. Para ello, la Generalitat destinará una partida de 52,1 millones de euros en 2017, un 62,17% más que este año.

Así lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria autonómica del ramo, Sandra Casas, para presentar los detalles de este texto que, según ha destacado, "unifica" toda la "normativa infralegal y dispersa" que había hasta la fecha y pone fin al "caos absoluto" que regía la atención a la Dependencia.

El objetivo, ha dicho, es "acabar con la indefinición, la limitación de derechos y la burocratización" que alarga los tiempos, ya que cuando llegaron al Consell, ha recordado Oltra, había 45.000 personas en lista de espera, y aunque desde julio de 2015 se han incorporado 19.447 nuevos beneficiarios al sistema, todavía quedan 31.524 pendientes de se atendidos por Dependencia.

De hecho, en este tiempo "han aumentado las solicitudes, motivados por la buena gestión" que se está haciendo, ha señalado, quien ha precisado que actualmente son 52.566 las personas están siendo atendidas a través de un servicio o prestación económica.

Cabe destacar que la nómina de dependencia abonada por la Conselleria correspondiente al mes de noviembre está "al día" y asciende a 26,3 millones de euros, frente a la última nómina abonada por el anterior Ejecutivo en mayo de 2015 y correspondiente al mes de marzo, que ascendía a 10,4 millones, lo que supone un incremento de más del 150%. Desde enero de este año, la nómina de dependencia se cobra en los cinco primeros días hábiles del mes.

Respecto a los plazos, el decreto incluye "procedimientos independientes" para las resoluciones de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución, provocando retrasos en los plazos para resolver expedientes, ya que hasta que no estuviera aprobada y notificada la propuesta del PIA no se podía continuar con el proceso.

Además, el texto contempla que en los casos en los que las preferencias expuestas por la persona interesada coincidan con el informe social de entorno, -cosa que suele ocurre en el 90% de los casos-, se emitirá automáticamente la resolución aprobando el PIA. Con esto "se agilizarán los procedimientos, que podrán reducirse en un periodo de entre 1 y 2 meses", ha calculado la consellera.

NUEVOS SERVICIOS

Entre las novedades que incluye el documento, está también la regulación del régimen de "compatibilidades entre servicios" para poder avanzar en la promoción de la autonomía personal, que ha estado "parada durante años". Las personas dependientes podrán pedir un máximo de dos servicios.

De este modo, ha ejemplificado, los niños que tengan asignada una prestación de cuidador o cuidadora en el ámbito familiar también podrán solicitar tener acceso a prestaciones para cubrir las terapias de estimulación o desarrollo cognitivo. Es una manera también de "prevenir la dependencia".

Asimismo, el decreto regula, por primera vez, el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna normativa.

Como novedades en la oferta de servicios y prestaciones, se contempla la prestación vinculada de garantía en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia del solicitante o la solicitante en un radio de 20 kilómetros de su domicilio. Esta persona podrá ir a una residencia privada a precio de coste de referencia. Se prevé que para el próximo año esta prestación beneficie a unas 2.000 personas que en estos momentos se encuentran a la espera de una plaza residencial.

Además, se incluye la atención residencial como servicio para las personas con diversidad funcional con Grado I reconocido, que hasta ahora estaba excluido del catálogo de servicios para la dependencia moderada.

NOVEDADES EN LA FIGURA DEL CUIDADOR FAMILIAR, ALLEGADO Y EXTERNO

La prestación económica de asistencia personal incluye una modificación en el nuevo decreto, puesto que se amplía su solicitud también para aquellas personas que no estudien o trabajen, requisito que hasta ahora era necesario, y que es una manera de trabajar también en ese fomento de la autonomía personal, ha explicado la consellera.

Respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el decreto recoge novedades. La persona cuidadora de proximidad podrá ser familiar hasta cuarto grado del solicitante o persona cercana. En este último caso deberá constar el informe social que lo acredite.

Desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador o cuidadora, siempre y cuando no se atienda a más de dos personas en situación de dependencia. Además en el caso de menores dependientes, los padres o madres podrán trabajar más de las cuatro horas que se establecían hasta ahora alcanzar las ocho, siempre que sea en un horario compatible con el cuidado del menor.

Asimismo, se regula la figura de persona cuidadora no familiar, que tendrá deberá tener un contrato laboral. Todos ellos deberán tener formación específica o "comprometerse" a realizarla, por ejemplo a través de un curso del Ayuntamiento. En este sentido, Oltra ha explicado que no se trata te títulos, sino de formación, con lo que la experiencia en este tipo de cuidados ya valdría como formación. "Nadie se va a quedar fuera", ha garantizado la consellera.