Allá por 2015, recordémoslo, uno de los portavoces del colectivo explicaba a Europa Press que los afectados de este conflicto suman más de mil personas entre los jornaleros contratados por Agrícola Espino y los contratados por Baena Franco.

Estas personas trabajaron como jornaleros para las empresas Agrícola Espino y Baena Franco, en el marco de las actuaciones relacionadas con el Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural (Pfoea), el antiguo PER (Plan de Empleo Rural).

El Servicio Público de Empleo Estatal, según exponía, habría descubierto que ambas empresas habrían omitido el pago de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de estos trabajadores agrícolas. "Los trabajadores cobraban, pero desconocían que el empresario no pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social", explicaba este portavoz.

En ese sentido, relataba que el SEPE, "sin previo aviso y sin audiencia", emprendió "sanciones de entre 2.500 y 3.000 euros" contra estos trabajadores, reclamándoles la devolución de los prestaciones conectadas con sus contrataciones, con lo que algunos jornaleros afrontan un desembolso de hasta 18.000 euros. "Es un atropello legal", avisaba manifestado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado simplemente por sentado que los trabajadores estaban "en connivencia con el empresario".

Mientras el conflicto habría derivado en acciones por la vía Penal contra algunos de los jornaleros afectados, unos 200 de los cuales pertenecerían a Osuna, esta declaración institucional apoyada por PSOE, PP, IU y Osuna Puede reclama la retirada de la acusación penal y el levantamiento de sanciones.