La Sección Primera de la Audiencia acogerá este miércoles una nueva sesión -previsiblemente la última- del juicio por esta causa, en la que se han investigado las supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento marbellí con la sociedad Marina Mariola, el primero en abril de 1995, el cual fue modificado posteriormente en junio de 1997.

Las defensas presentarán su informe final, después de que este pasado lunes el fiscal ya lo hiciera y modificara sus conclusiones iniciales, tan sólo para considerar que no existe un delito de fraude en concurso con otro de malversación, sino sólo este último, según han asegurado fuentes judiciales a Europa Press; pero manteniendo la acusación por prevaricación administrativa y delito urbanístico.

En sus conclusiones, el fiscal sostenía que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, "que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían", gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio".

Así, en el escrito inicial, se precisaba que Muñoz, como regidor accidental, fue "persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento"; mientras que Roca era el "verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".

En su declaración en el juicio, Julián Muñoz reiteró que no tenía conocimientos ni jurídicos ni técnicos, que se limitaba a firmar lo que decía el exregidor Jesús Gil y que no recibió dinero por firmar. "Yo soy un humilde camarero", señaló, incidiendo en que lleva "20 años diciendo" que no ha negociado convenios. "Lo siento y me arrepiento", insistió.

Roca, por su parte, aseguro que él negoció "unos 600 o 700 convenios", pero insistió en que en este en concreto no participó. "No tendría inconveniente en reconocer que lo he hecho yo, lo he reconocido antes con otros, pero no lo he hecho", reiteró en varias ocasiones, añadiendo que tampoco tuvo contacto con el empresario, quien habló directamente con Gil. "Estoy aquí por un error, por llamarme Juan Antonio Roca", aseveró.

En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, "como a otros", esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, "el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios", les seguían "siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos", señalaba el ministerio público.

Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima "los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros".

"La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986", dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, "pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación".