Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el año 2008 los dos procesados regentaban una empresa dedicada a la venta de programas informáticos, que presuntamente vendieron a "una pluralidad" de empresas, sobre gestión y contabilidad.

Igualmente, vendían e implantaban un sistema móvil PDA y servicios TIC asociados, que se vinculaban y solo eran válidos para los anteriores programas informáticos, según la Fiscalía, que indica que, "movidos por la intención de obtener un lucro ilícito y provocar sucesivas demandas de prestación de servicio por los clientes", supuestamente idearon una aplicación que "programaba errores en los sistemas".

En este sentido, la materialización de dicha aplicación fue llevada a cabo, "siguiendo las instrucciones" de los acusados, por un empleado de la empresa, que "desconocía el uso que se estaba dando y las consecuencias de la implantación de la citada aplicación".

Así, a los pocos meses de su adquisición, comenzaron a dar problemas los programas informáticos adquiridos, "generando continuos fallos que motivaban otras tantas demandas de reparación". Las demandas eran atendidas bien a través de una página web, bien a través de un teléfono de contacto 807, lo que suponía "un beneficio añadido".

Al respecto, los equipos de las empresas adquirientes "no acababan nunca de funcionar bien", pues "periódicamente volvían a dar fallos con el consiguiente perjuicio económico derivado del entorpecimiento de su actividad", según explica el Ministerio Público.

En este contexto, agrega el fiscal, uno de los procesados llegó a "formar documentos de una empresa, simulando la firma de un empleado".