Tras el cese de éste en los últimos tiempos, el edil de la federación de izquierdas David Robles ha explicado a Europa Press que tampoco se ha nombrado a un nuevo secretario, lo que ha llevado, además, a que "se pierdan subvenciones y ayudas públicas, así como a que se entorpezca el habitual funcionamiento de un ayuntamiento".

Cabe recordar la sentencia del Juzgado de lo Penal número 12, ratificada por la Audiencia Provincial, que condena a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación a los exalcaldes socialistas Jacinto Pereira y Margarita Gutiérrez -que era concejal cuando se produjeron los hechos-, a otros dos ediles del PSOE y al secretario interventor del Ayuntamiento. Las condenas respondían a la concesión de una licencia de obras para ampliar una vivienda, pese a tener "el informe desfavorable del arquitecto municipal, a la vista de la legalidad vigente".

En este marco, señala que han sido cinco meses de "incertidumbre" al tener el secretario inhabilitado, "mientras que desde el Ayuntamiento se ha estado intentando retrasar el cese y buscarle un nuevo puesto". "Un secretario inhabilitado no puede presidir un pleno y, aunque hace unos días el gobierno local dijo que ya había uno nuevo y que se convocada el pleno para el día 24, lo cierto es que aún no hay sustituto", recalca, explicando que el alcalde podría nombrar a otro funcionario como secretario accidental, pero "aún no se ha hecho".

Robles lamenta que hayan existido subvenciones de Diputación e iniciativas, como el Fondo de Anticipos Reintegrables (FEAR), a los que "Gerena no se ha podido acoger porque no tenía secretario interventor, además de obras que no se han entregado a tiempo para acceder a subvenciones".

A todo esto, suma que las ordenanzas fiscales han de estar aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de que termine el año, pero "por el momento ni se han debatido las enmiendas en pleno", una sesión a la que IU también pretende llevar su propuesta de ordenanza sobre el dominio público municipal. "Nuestro derecho a la participación pública se ve coartado", lamenta.