El primer intento de juzgar este casa se frustró en enero de este año porque hubo que poner a dos de los acusados en búsqueda y captura tras su incomparecencia en el acto del juicio. El segundo intento no pudo ser posible en junio también del presente año por la renuncia a última hora de uno de los abogados defensores.

Finalmente, y a pesar de que no se ha localizado a los dos acusados que siguen en búsqueda y captura, el tribunal ha decidido este lunes celebrar la vista con los acusados que sí estaban presentes. En la jornada de este lunes está previsto la declaración de todos los acusados, mientras que en los tres días restantes que está previsto que dure el juicio están llamados a declarar testigos, peritos y los responsables de la investigación.

Uno de los acusados, R.S., ha declarado que como administrador único, él se dedicaba a "firmar y nada más". Ha dicho que no sabía que cuando firmaba pagarés no había fondos y se ha defendido diciendo que no se acordaba de nombres ni de empresas en concreto. "Lo he borrado todo de mi memoria", ha declarado ante el tribunal por videoconferencia desde la prisión de Navalcarnero.

El acusado, que ha dicho que dejó de firmar cuando conoció la inexistencia de fondos, ha terminado su declaración pidiendo perdón y señalando que "lo que haga la justicia, es justo".

La actividad delictiva, tal y como recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, consistía en comprar empresas que ya llevaban operando un tiempo en el mercado, empresas a las que se les daba una apariencia de legalidad y solvencia en el momento de contratar, consiguiendo de esta forma engañar al comerciante, que cree estar ante una correcta operación en el trafico mercantil y por lo tanto vende y envía su mercancía.

Posteriormente, la mercancía es distribuida entre distintas sociedades pantalla en connivencia con las primeras, hasta conseguir perder su rastro.

De esta forma, dice el fiscal, los acusados desde el año 2007, "actuando con animo de engaño, realizaban pedidos a empresas, para cuyo pago libraban pagares a cuyo vencimiento no resultaban satisfechos, generando un perjuicio patrimonial para las empresas perjudicadas".

Uno de los acusados a través del Registro Mercantil, aparece como administrador único de unas 100 empresas y administrador solidario de otras 100 empresas. Asimismo, aparece como gestor de una pagina web denominada 'sociedades urgentes.com' cuya finalidad es la venta de sociedades anónimas o limitadas preparadas para comenzar a operar, tratándose de empresas cuyos capitales sociales suman aproximadamente 11 millones de euros.

Sin embargo no se produce el efectivo desembolso de capital social en la constitución o posterior transmisión de esas empresas, provocándose con este fraude, una gran repercusión en el trafico mercantil, dada la finalidad propia del capital social.

Las empresas ofertadas en el portal de Internet se utilizaron, según sostiene el Ministerio Público, para posteriores defraudaciones, dado que una vez constituidas, se retira el capital social, efectuándose un asiento contable en contra de los socios fundadores a favor de la sociedad y por el mismo importe del capital social.

Con posterioridad, los adquirentes de las empresas se subrogan en esta deuda, pero sin llegar a efectuarse el efectivo desembolso, "creando una apariencia de legalidad y dotando a los adquirentes de la herramienta necesaria para su actividad delictiva".

Las mercancías ilegítimamente adquiridas eran transportadas a varios puntos del territorio nacional, directamente a otras empresas y a un almacén en la localidad de Talavera de la Reina. Igualmente desde este almacén eran recogidos por distribuidores de buena fe a quienes los acusados ofertaban las mercancías presuntamente adquiridas de stock.

Todo esta actividad delictiva apunta a la existencia de una organización criminal, que controla todas las fases de la actividad , ya que las empresas son creadas y ofertadas a través de la red por el acusado R.C.S. Las empresas de aparente legalidad, que obtienen de manera ilícita las mercancías, estando destinadas a ser vendidas a un precio inferior al de su compra, efectuándose un blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad ilícita. A partir de esta compra venta se generan facturas falsas, reflejándose operaciones inexistentes o simuladas.

De la instrucción realizada ha resultado la existencia de al menos 16 perjudicados, estimándose un perjuicio patrimonial por la defraudación de una cantidad aproximada de 509.844'24 euros.

El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa y un delito continuado de receptación. Así solicita imponer a cada uno de los acusados por el delito de estafa la pena de cinco años de prisión y multa 3.000 euros. Por el delito continuado de receptación pide dos años de cárcel para cada uno de los acusados.