Según el relato del Ministerio Fiscal, le convencieron para adquirir dos vehículos para uso exclusivo de los acusados, y la mujer logró obtener un poder especial para poder intervenir en nombre y representación del hombre discapacitado.

En uso de tal poder notarial, la acusada recogió un requerimiento judicial que ocultó, lo que dio lugar a que se acordara el embargo de la vivienda del hombre incapaz.

Según el fiscal, estos hechos representan un delito consumado de estafa agravada por lo que pide una pena de dos años y medios de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, así como una indemnización por los contratos de financiación suscritos para la adquisición de los vehículos. El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia el miércoles, 30 de noviembre, a las 10 horas.

OTROS JUICIOS

Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzgará el martes, 29 de noviembre, a partir de las 10 horas, a dos

acusados de falsificar documentación y la firma de la madre de uno de ellos para concertar tres contratos de préstamo para la adquisición de vehículos.

La mujer aparecía como titular del contrato o bien como avalista, y era la titular de la cuenta que emplearon para realizar las operaciones, cuenta en la que el hijo implicado estaba autorizado.

El ministerio público califica los hechos como un delito de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita una pena de seis años de cárcel y multa de 3.600 euros para cada uno de ellos.

También en la Sección Tercera de la Audiencia, el jueves, 1 de diciembre, se celebrará a partir de las 10 horas el juicio contra dos acusados de portar dos envoltorios de cocaína para su distribución entre terceros.

La Fiscalía califica los hechos como un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y solicita una condena de tres años y medio de prisión y multa de 1.000 euros para cada uno de ellos.

Asimismo, el jueves se celebrará el juicio contra una mujer acusada de falsificar un documento de liquidación y finiquito que presentó como prueba documental en un juicio por despido. El fiscal ve un delito continuado de falsificación en concurso con otro de estafa procesal en grado de tentativa, y pide dos años de cárcel.