El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, merced a una moción promovida por los concejales de Participa, ha analizado las medidas promovidas o no en materia de vivienda, respecto a los acuerdos alcanzados al respecto hace ahora justo un año, en el marco de un pleno extraordinario sobre vivienda. Para las fuerzas de oposición, las medidas promovidas por los socialistas en la materia se traducen en "nada o poco", en cualquier caso "insuficiente", mientras los socialistas aseguran que han hecho "mucho en poco tiempo".

En aquella sesión plenaria de noviembre de 2015, recordémoslo, fueron aprobadas más de 50 medidas concretas en materia de vivienda, como crear una Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda con sitio físico, asesoramiento legal y jurídico para los ciudadanos, servicio de "mediación", asistencia social y psicológica y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones, así como no poner medios municipales a disposición de los desahucios "salvo por orden judicial", requerir a Emvisesa la suspensión de sus procedimientos judiciales vigentes en materia de desahucio o desalojo y estipular un "protocolo de colaboración" con los juzgados para actuar con anticipación a las órdenes de desahucio.

También fue aprobado iniciar la tramitación de un nuevo plan de vivienda para el periodo 2016-2020, dotar de más presupuesto a Emvisesa, ajustar sus alquileres a la "realidad" de los adjudicatarios, un recargo del 50 por ciento en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías pertenecientes a los bancos, -aspecto no obstante subordinado al levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la Ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda-, y bonificaciones a las familias que inviertan en rehabilitar sus viviendas.

Fue aprobado igualmente reclamar a los bancos la paralización de los desahucios de sus viviendas siempre que se tratase de familias cuyos casos avalase el Ayuntamiento y pedirles un inventario de viviendas vacías para aplicarles la "expropiación temporal" que recoge la Ley andaluza de vivienda, suspendida de momento por el Constitucional. También fue aprobado negociar con los bancos para que sus viviendas vacías fuesen destinadas a alquileres sociales.

"NO SE HA HECHO NADA"

Pero según ha manifestado durante este nuevo pleno la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, un año después de aquella sesión plenaria de carácter extraordinario, "no se ha hecho nada o poquísimo". Según Honorato, a día de hoy apenas se ha creado sólo la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, pero sin que dicho departamento cuente con suficientes recursos. "Es insultante", ha dicho señalando el caso de una familia que ha comunicado su decisión de ocupar una vivienda abandonada a cuenta del "mareo" de las instituciones.

Todo ello cuando en Sevilla hay cerca de "40.000 viviendas vacías en buen estado, 13.000 inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida, 386 familias baremadas por su emergencia social y sin vivienda y un lanzamiento por semana". "Los albergues y hostales no son alternativas habitacionales dignas", ha alertado avisando del caso de una mujer que, tras ocupar una vivienda, "tiene un desalojo el martes, embarazada y con dos menores", a manos de Emvisesa.

Daniel González Rojas, de su lado, ha corroborado que la Oficina Municipal de Vivienda carece de "los medios y el personal necesarios", opinando que las políticas de vivienda no están entre las "prioridades" del Gobierno local socialista, que a su juicio "no ha hecho lo suficiente" en la materia. Javier Moyano, por Ciudadanos, ha señalado que aunque "se han hecho cosas" en materia de vivienda, como "bonificaciones" al IBI, es dudoso que se hayan adoptado medidas "suficientes".

POSPUESTO EL CONVENIO CON LA SAREB

La popular María Dolores de Pablo Blanco ha lamentado que no se hayan cumplido estas "obligaciones", con referencia a "los acuerdos adoptados", reclamando así la "ejecución" de las medidas aprobadas como tal. El socialista Juan Manuel Flores, concejal de Bienestar Social, ha defendido de su lado que el Gobierno local socialista, en materia de vivienda, ha "hecho mucho en poco tiempo", asegurando que la Oficina Municipal de Vivienda "ha dado respuesta a 333 casos", con "nombres y apellidos".

Flores ha señalado los tiempos necesarios para afrontar este tipo de conflictos, exponiendo que el "reto" que afronta el Ayuntamiento es averiguar "cómo ampliar la disponibilidad de viviendas que no son de titularidad municipal y están en el mercado privado, para usarlas en políticas" sociales. En paralelo, ha revelado que el Ayuntamiento ha "pospuesto" la firma prevista del anunciado convenio con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria -más conocida como Sareb o banco malo-, para la cesión de usos de diez viviendas, nueve libres y una ocupada, porque "no cumplían los criterios" estipulados. "No hemos aceptado", ha dicho.