El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha reiterado en el Parlamento andaluz el interés del Ejecutivo regional para finalizar las obras de las cuatro depuradoras malagueñas incluidas en el expediente de sanción de la Unión Europea, un asunto que "preocupa tanto por su calado ambiental como por la posible sanción económica que pudiera recaer".

Según ha recordado en el Pleno de la Cámara autonómica a pregunta del diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White, las cuatro estaciones depuradoras son las correspondientes para tratar las aguas residuales que generan los municipios de Alhaurín el Grande, Coín, Estepona y Nerja, estas dos últimas de Interés General del Estado y, por tanto, de competencia del Gobierno central. En este sentido, ha instado al Estado, en este nuevo ciclo de gobierno que comienza, a que también "cumpla con su parte de responsabilidad".

Respecto a la estación depuradora de Estepona, obra de Interés General de Estado pero que ejecuta la Junta, el consejero ha explicado que ya está terminada y que en breve se acordará con el Ministerio su entrega al Ayuntamiento. En el caso de la obra de Nerja, gestionada por el Gobierno central, se encuentra parada por una modificación en el proyecto y porque la empresa ha entrado en concurso de acreedores.

Sobre las otras dos, Fiscal ha hecho hincapié en el esfuerzo que está realizando la Junta tratar las aguas residuales que generan los municipios malagueños de Alhaurín el Grande y Coín.

En este sentido, ha informado que las obras para la agrupación de vertidos que llevarán las aguas residuales de Alhaurín el Grande y Cártama hasta la futura depuradora Norte de Málaga -tras la paralización sufrida por falta de disponibilidad de terrenos- se encuentran en la actualidad pendientes de la modificación del proyecto.

Respecto al proyecto de agrupación de vertidos de Coín, englobado en la aglomeración urbana Álora-Pizarra-Coín y cuyas aguas serán tratadas en la estación del Bajo Guadalhorce, Fiscal ha informado que se encuentra al 75 por ciento de su ejecución. El reinicio de las obras pendientes, resultado de un modificado del presupuesto original ya aprobado y que se justifica por razones técnicas, se realizará en 2017.

Hernández White, de su lado, ha recordado que en la zona afectada viven unas 100.000 personas y que la ausencia de depuradoras afecta a ecosistemas "de alto valor ecológico". También ha criticado las "cuantiosas" multas por los incumplimientos en este sentido de las directivas europeas, derivados de una "mala gestión".

"Los puntos negros de depuración más importantes están en Andalucía", asegura el diputado naranja, que recalca el efecto negativo tanto para el medio ambiente como para el turismo de esta circunstancia en el litoral de la Costa del Sol.