Según han explicado, la entidad constitucionalista basa su reclamación en que la instrucción aprobada por el consistorio obliga a las empresas contratistas "a entregar toda la documentación técnica y los trabajos al menos en catalán".

Así, incluso las compañías subcontratadas deberán de usar esta lengua en rótulos, publicaciones, avisos y comunicaciones que se deriven del contrato, entre otros ámbitos.

El presidente de la FNCB, Jorge Campos, se muestra "satisfecho" con la respuesta del Gobierno y confía en que la demanda acabe con una sentencia que anule esta normativa anticonstitucional porque la considera "discriminatoria".