Ni poner en peligro la estabilidad presupuestaria que obliga a cumplir el mandato de Bruselas (no sobrepasar el déficit del 3,1% en 2017), ni liquidar las reformas efectuadas en la pasada legislatura. Estas las dos restricciones que ha impuesto el presidente Mariano Rajoy a los sindicatos y a los representantes de los empresarios durante la reunión mantenida este jueves en Moncloa.

"Salgo como he entrado. No creo que esta reunión haya servido para tomar el pulso de la voluntad de hacer acuerdos importantes", ha explicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en la rueda de prensa posterior al encuentro. "La retórica verbal se tiene que acabar en este país. Todos sabemos qué se necesita para mejorar la calidad del empleo de los trabajadores. ¿Cómo se mejora sin tocar la reforma laboral?".

Rajoy había convocado en esta jornada a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los presidentes de la patronal CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y a los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, para reiniciar el diálogo social para los próximos cuatro años y para analizar salarios, empleo, pensiones y competitividad empresarial.

Pero las posturas de cómo acometer las reformas, siguen alejadas. La distancia alcanza a todas las facetas. Los sindicatos no ven "ambiciosa" la meta del Gobierno de recortar la tasa del paro actual del 18,9% por debajo de los dos dígitos hasta 2022 ("puede hacerse en esta legislatura", critica Toxo); y tampoco han logrado un compromiso del Gobierno para revalorizar las pensiones en 2017 por encima del 0,25% legal —las organizaciones sindicales subirlas un 1,3% porque es la estimación de revalorización de precios que hace el Gobierno—.

Pero el principal punto de desencuentro radica en la subida de los salarios. Los sindicatos creen necesario un aumento de sueldos para que el crecimiento económico de los dos últimos años llegue a los trabajadores. Y consideran la subida del Salario Mínimo Interprofesional es una herramienta para conseguirlo. El SMI se eleva actualmente a 655,20€ (en 14 pagas), se incremente a 800 el próximo año y al entorno de los 1.000 a final de la legislatura, una cifra que se aproximaría al 60% del sueldo medio que recomienda la Carta Social Europea.

"La respuesta es que no hay respuesta, ni en porcentajes ni en diálogo", ha lamentado Álvarez, que asegura que el Gobierno no se ha comprometido a revalorizar el SMI más allá de establecer un horizonte de cuatro a ocho años de plazo para revisarlo.

"En dos legislaturas, a saber quién estará en este edificio", ha ironizado Fernández Toxo, que ve las posturas "lejanas" en este sentido y ve "difícil" un acuerdo en los próximos días para subir el SMI en 2017. Una idea que no solo avalan los sindicatos, sino que ha sido aprobada esta semana por una mayoría parlamentaria en el Congreso.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que el presidente ha ofrecido "diálogo constructivo para revisar este salario mínimo", pero recuerda a los agentes sociales que según el Estatuto de Trabajadores "es el Gobierno el que fija el salario mínimo". Eso sí, tras escuchar a los agentes sociales.

"Debemos tomar la decisión a finales de año, de momento tenemos la propuesta sindical pero no la de los empresarios". El presidente de la patronal empresarial CEOE, Juan Rosell, no ha querido explicar cuál es su propuesta porque antes deben presentarla en la junta directiva que celebran el próximo 14 de diciembre.

Los sindicatos no confirman que vayan a ir a la huelga general, pero sugieren que se producirán movilizaciones si no hay acuerdos en el empleo. "Tenemos que acostumbrarnos que el binomio negociación-movilización va a funcionar de manera importante en esta legislatura", ha avanzado Álvarez, que sin embargo se ha mostrado "optimista" por una coyuntura política con un Gobierno en minoría "que obliga a la negociación".

"La sociedad tiene que movilizarse para hacer oír sus demandas, aunque con esto no queremos decir que estemos convocando a una huelga", ha matizado posteriormente Toxo. "Los tiempos que vienen obligan al Gobierno a dialogar y eso es un viento de cara que nos abre una oportunidad para las relaciones laborales en nuestro país", añade el secretario general de UGT.