La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento sancionará a las plataformas Airbnb y Homeway con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos sin licencia.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio, la alcaldesa ha precisado que su gobierno municipal ha cerrado desde julio más de 700 viviendas que se alquilaban a turistas sin licencia.

Colau ha alertado de que la ciudad está "en peligro de caer en una burbuja inmobiliaria de nuevo", ante lo que ha dicho que el Ayuntamiento debe hacer todo lo posible y evitar que haya pisos vacíos.

Estos dos nuevos expedientes son fruto de la actuación iniciada el verano de 2015 a las compañías que hacen de intermediarias a través de la red. El consistorio hizo unos primeros requerimientos, a los que respondieron algunas compañías. En el caso de Airbnb y Homeaway, no lo hicieron y tampoco después de una primera sanción de 30.000 euros. En julio, el consistorio notificó a las empresas que los dos expedientes ya se habían resuelto en firme.

Desde entonces, su actuación se ha mantenido y por eso ahora la tipificación de la infracción pasa de ser grave a muy grave, atendida la reincidencia, y la sanción pasa a ser de 30.0001 a 600.000 euros, tal y cómo establece la Ley de Turismo de Cataluña y también recoge el plan de choque contra las viviendas de uso turístico ilegales de la ciudad.

Los dos nuevos expedientes abiertos ya han sido firmados y próximamente serán notificados en las sedes de los dos portales. La sanción se graduará en el importe máximo previsto por la ley en base al número de anuncios publicados -3.812 a Airbnb y 1.744 a Homeaway-, al beneficio económico que obtienen a la posición dominante en el mercado de las dos empresas y a la reincidencia en la infracción cometida.

Por otro lado, el consistorio mantiene la tramitación del expediente administrativo para imponer una sanción máxima de 30.000 euros a un total de nueve plataformas que no atendieron los requerimientos de información por parte del Ayuntamiento. Estos son Housetrip, 9 flats, Wimdu, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, Tripadvisor, Niumba y Rent4days. Además, siete portales (Booking.com, Aparteasey.com, Apartmentsbcn.com, Apartmentbarcelona.com, Insidebarcleona.com, Barcelona-home.com y Rentalia.com) han dejado de anunciar estas viviendas sin licencia a raíz de la presión ejercida por el consistorio.

Por último, también se había requerido la retirada de los anuncios a 84 pequeñas sociedades intermediarias o particulares con más de un piso, de los cuales en 21 se han corregido las deficiencias detectadas y en 63 siguen el correspondiente procedimiento sancionador.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de 709 pisos turísticos ilegales desde julio y hasta el 31 de octubre.

También se han abierto 2.943 expedientes a raíz de la tarea inspectora municipal y se han iniciado 1.327 procedimientos sancionadores.

En concreto, el nuevo equipo de 20 visualizadores ha realizado 2025 investigaciones en Internet de anuncios de pisos turísticos sin el número de licencia y han hecho 1.852 visualizaciones a pie de calle que han permitido identificar 815 viviendas turísticas ilegales. Se ha comprobado también que 79 pisos han dejado de operar después de que se los ordenara el cese de la actividad ilegal.

Por otro lado, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la unidad para conseguir que las compañías suministradoras de electricidad firmen los convenios establecidos a la ley 24/2015 y actuar así contra la pobreza energética, evitando nuevos casos como el de la mujer muerta a Reos a quienes se le había cortado la luz.

"Vamos todos juntos, el presidente de Cataluña, los alcaldes de las principales capitales del país y nos sentamos a la vez con los responsables de las compañías y decimos que nos tenemos que poner de acuerdo", ha reclamado.

Coláau ha pedido esta "interpelación conjunta", también de la mano de las entidades sociales, para hacer un "frente común" y exigir la "corresponsabilidad" que ha dicho que también los corresponde a las eléctricas. La alcaldesa ha explicado que se han mantenido conversaciones con las compañías pero cada cual por su parte y que hay que sentar conjuntamente y conseguir no con sólo que no se produzcan cortes a personas en riesgo de pobreza sino que también se incluya en el convenio que no se puede ir acumulando la deuda de las familias que no pueden pagar.

Ha anunciado que el consistorio ha abierto unos 2.000 expedientes por el incumplimiento de la normativa y que ya han interpuesto alguna sanción a Endesa, así como que hay una treintena más que podían acabar también en multa. Ha puntualizado que su objetivo no son las sanciones pero ha reivindicado que la normativa se tiene que cumplir.

Sobre los Presupuestos de la ciudad, ha señalado que espera poder aprobarlos con un acuerdo político y no tener que llegar a someterse a una cuestión de confianza, y ha apuntado que están a tiempo porque las cuentas se pueden aprobar el 23 de diciembre.

Ha asegurado que es posible porque ya han alcanzado acuerdos con la oposición, como la ampliación presupuestaria y las ordenanzas fiscales, y ha recordado que acaban de aprobar junto al PSC y ERC el presupuesto del área metropolitana.

"Es evidente que no hay grandes discrepancias de fondo porque hemos hecho acuerdos y los seguimos haciendo. Lo que hay son cuestiones políticas que van mas allá de la ciudad. Un error que no deberíamos cometer", ha enfatizado.