En la Comunidad autónoma, la primera sentencia en reclamación de daños y perjuicios de trabajadores afectados por amiantos se realizó en el año 1998 y desde entonces han sido numerosas las denuncias que han llegado al Tribunal de Justicia de Aragón, ha explicado el sindicato en una nota de prensa.

El amianto o también denominado asbestos es un material que por sus propiedades aislantes, térmicas o resistentes, y especialmente por su bajo coste, ha sido utilizado en numerosos proyectos industriales y arquitectónicos. España importó tres millones de toneladas de amianto y no fue hasta el año 2002 cuando se comenzó a prohibir la utilización de este material cancerígeno de primer grupo.

En la Comunidad, el registro de empresas con riesgo de este material se realiza en las instalaciones del ISSLA de Zaragoza. En Aragón ha habido 50 casos declarados de trabajadores fallecidos por el amianto en los últimos 20 años. Durante muchas décadas, el sindicato ha puesto especial hincapié en la situación de la empresa CAF de construcción y mantenimiento de ferrocarriles.

"Comisiones Obreras se adelantó incluso a la comunidad científica en la lucha contra este mineral asesino en los años 70 y sigue trabajando para que se reconozcan los derechos de sus víctimas y para eliminarlo de cientos de edificios letales en toda España".

El secretario de Salud Laboral de CC.OO.-Aragón, Benito Carrera, ha asegurado que "queremos visualizar el problema del amianto porque, aunque está contemplado en el tema de enfermedades profesionales, hay mucha hipocresía a la hora de la infradeclaración del mismo".

PROPUESTAS DEL SINDICATO

Entre las propuestas del sindicato se encuentran crear un registro efectivo de empresas con riesgo de amianto en Aragón que evite la infradeclaración de la existencia de este nocivo material; así como favorecer una mayor coordinación los diferentes ámbitos y consejerías implicadas en este problema, que informen periódicamente al Consejo Aragonés de Seguridad y Salud y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de casos de trabajadores afectados.

También solicitan apoyo a las víctimas, creando un punto de referencia que tenga carácter sanitario, jurídico y asistencial para dar cobertura a los afectados; auditorias obligatorias sobre el amianto en edificios públicos, viviendas domésticas y medios de transporte y un mayor control por Inspección de Trabajo en los incumplimientos en la normativa reguladora del amianto en todos sus términos; y, en el aspecto medioambiental, un mayor control de los residuos y un protocolo de gestión y almacenamiento de los mismos.