Vidal ha explicado que "cada victoria representa también una nueva amenaza", ha manifestado, recordando que los archivos de los proyectos de Schlumberger en el golfo de León y de Cairn Energy en el golfo de Valencia pueden ser sustituidos por unos nuevos.

Por ello, ha subrayado, "hacía falta un instrumento más fuerte para hacer frente a todos los proyectos actuales y futuros".

La ley "se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, y prohíbe la exploración, la búsqueda y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tenga jurisdicción", tal y como ha detallado Bravo.

También "prohíbe en este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, sea cuál sea la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino".

La disposición transitoria establece que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, búsqueda y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor, y la disposición adicional, que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en la Ley que se hayan concedido antes de que la Ley entre en vigor, permanecen vigentes hasta que se extinguen, y no pueden ser objeto de ninguna prórroga.

La exposición de motivos recuerda que el Estado español forma parte de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del Mediterráneo y que, como miembro de la Unión Europea, ha adaptado el sistema jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad, como la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad y geodibersidad y la de protección del medio marino.

En todo eso se añade la propuesta de zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del corredor de migración de cetáceos que transcurre entre las costas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, anunciada por el Estado, a instancias de Alianza Mar Blava y el Govern.

Esta declaración cuenta con el apoyo del Pleno del Parlament de las Islas Baleares, que en la sesión del pasado 16 de febrero aprobó, de manera unánime, una declaración institucional en que insta el Gobierno español a la declaración del ZEPIM y a la aplicación inmediata de un régimen preventivo de protección en esta área y de medidas de reducción del ruido submarino.

Además del Parlament, se han añadido a esta petición el Govern (en la reunión del Consell de Govern del 27 de mayo pasado), la Generalitat de Cataluña (mediante un acuerdo del 19 de julio), los consells insulares de Mallorca, Menorca y Formentera, más de diez ayuntamientos de Baleares y, más recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona.

La propuesta se presentará a todos los grupos parlamentarios y se tendrá que aprobar en el Parlamento autonómico para después debatirse en el Congreso de los Diputados, donde tendrán que defenderla tres diputados de la Comunidad Autónoma.