Los ecologistas han repasado las normativas legales que amparan el Consistorio ante tal competencia después de que el alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar), asegurara públicamente la administración municipal que preside "no es competente" para iniciar un expediente de derribo ya que esta cuestión se limita a "inmuebles en ruina o mal estado, pero no es el caso del Algarrobico".

Desde la entidad se ha apelado al artículo 183.5 de la LOUA en el que, según recogen, se indica que "el Ayuntamiento o la Consejería con competencias en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes".

"El Ayuntamiento de Carboneras no sólo tiene competencia para demoler el hotel sino que es su obligación", han añadido desde Salvemos Mojácar en un comunicado, en el que recalcan que el inciso "o la Consejería con competencias en materia de urbanismo, en su caso" ha sido "declarado nulo por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 9 de julio de 2015".

Así, han añadido que "por decisión" del Tribunal Constitucional la demolición de un inmueble para restablecer la legalidad urbanística "sólo corresponde a los ayuntamientos" con el que es "el único organismo legalmente capacitado para ordenar una demolición".

La asociación ha reiterado así su interés en que se inicie el expediente y dar lugar a un procedimiento que obligue al Consistorio carbonero a demoler el inmueble de una veintena de alturas y 411 habitaciones después de que la Junta de Andalucía anunciara su intención de volver a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para hacer efectivo el derecho de retracto de los terrenos que la mercantil se ha negado a entregar al precio estipulado por la administración autonómica.

Salvemos Mojácar ya recordó que en junio del pasado años el TSJA comunicó a la Junta de Andalucía que no era el tribunal competente para obligar a Azata a entregar los terrenos y que eso lo tendría que decidir un juez ordinario, con lo que para los ecologistas la maniobra jurídica de la Junta supone una "pérdida de tiempo" que busca "retrasar la demolición del hotel".

En el escrito registrado el día 18, la entidad conservacionista puso de manifiesto los pronunciamientos judiciales por los que la zona en la que se asienta el hotel está catalogada como espacio protegido, ya que el TSJA suspendió cautelarmente el plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de 2008 y dejó el área catalogada como C1 a raíz de la normativa ambiental de 1994, esto es, área natural de interés general.