El texto es fruto de la unión de proyecto de ley de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, presentado por el Gobierno de Aragón, y de la proposición de ley sobre garantías de la efectividad de los derechos sociales en situaciones de emergencia social en la Comunidad, promovida pode el grupo de Podemos.

El coordinador de la ponencia, el diputado Gregorio Briz, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación el mayor "grado de dificultad" en la tramitación de esta ley por "refundir" dos textos, si bien ha opinado que "se ha hecho un buen trabajo", con "consenso" durante nueve sesiones y "se han aceptado muchas enmiendas, la mitad o más en el caso de algún grupo parlamentario".

"Hemos llegado a muchos acuerdos, aunque hay cuestiones que nos separan y diferencian", ha añadido Briz, entre ellas, el hecho de que el texto presentado por el Gobierno procede de un decreto ley que ha sido recurrido por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional en cuestiones relacionadas con la vivienda.

Al respecto, el coordinador y diputado de CHA ha comentado que "ya veremos qué dice el Constitucional", para subrayar que el objetivo es "dar respuesta a la ciudadanía". En este sentido, ha subrayado que el texto quiere "garantizar el derecho a una alternativa habitacional digna".

En concreto, ha precisado que se incluyen ayudas económicas para atender a familias en situación de especial vunerabilidad y que vayan a ser desahuciadas por no pagar el alquiler, así como medidas para quienes están afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios "para que puedan seguir residiendo en sus hogares".

Briz ha detallado que "otra novedad" es la propuesta de que entidades financieras y grandes propietarios "pongan a disposición de la Comunidad viviendas que provengan de procedimientos de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago o de deudas con garantía hipotecarias, para que puedan ser gestionadas" por la Administración autonómica.

El parlamentario ha agregado que también "se crea un registro de viviendas desocupadas, para saber de la disposición que se posee" y "un parque público de vivienda social", con la finalidad de poder "dar respuesta al derecho habitacional", ha recalcado.

AYUDAS INEMBARGABLES

Briz ha detallado que la nueva ley define "un conjunto de mecanismos y medidas de carácter urgente que garanticen la efectividad de los derechos sociales de la Comunidad, sobre todo atendiendo a situación de emergencia social" y contempla "ayudas esenciales inembargables".

Asimismo, define el concepto de vulnerabilidad, entendiendo como tal cuando una persona o unidad de convivencia tiene unos ingresos mensuales de entre el 1 y 2,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), fijado en 2016 en 532,51 euros al mes, incluyendo "ciertas matizaciones, como violencia machista, terrorismo, menores y disminuidos", mientras que se entiende como especial vulnerabilidad si "se está por debajo del IPREM".

El diputado de CHA ha comentado que para que las muchas de las medidas de esta ley puedan implantarse se debe contar con un Presupuestos de la Comunidad para 2017.

En este punto, ha deseado que "en pocos días podamos dar cumplimiento a los acuerdos del pasado 13 de septiembre" suscritos por las formaciones de izquierdas de las Cortes y así "sentarnos a hablar" para "dar respuesta a este y otros asuntos que hay en los pactos de investidura".

Por su parte, desde el grupo de Podemos han indicado que se ha apoyado gran parte del articulado de la ley ya que a pesar de considerar muchas cuestiones "insuficientes, es mejor que nada".

No obstante, este grupo ha remarcado que se mantienen para el pleno enmiendas como su apuesta por "dar prioridad a las prestaciones sociales frente a gastos de representación o institucionales" y la mejora de las ayudas de integración familiar, con el objetivo de "reducir la pobreza infantil".