Según consta en el escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, además de los dos propietarios de la gestoría ubicada en una céntrica avenida de la capital, también hay otras seis personas acusadas de un delito de falsedad en documento oficial que se habrían beneficiado o intentado beneficiar de esos falsos contratos.

El Ministerio Público considera que los dos dueños de la asesoría se dedicaron a la presentación de solicitudes para autorización temporal y trabajo por arraigo en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno, si bien esos contratos "no se correspondían con la realidad" ya que los extranjeros "en ningún caso trabajaron para las personas que figuraban" en los mismos.

Así, el fiscal apunta que los propios extranjeros, para los que pide nueve meses de prisión a cada uno de ellos, tenían "conocimiento" de tales prácticas, que se habrían dado al menos en seis ocasiones entre enero de 2007 y mayo de 2008, según la investigación.

Los contratos se realizaban a nombre de titulares reales de empresas, principalmente destinadas al sector agrícola y servicios. Junto a las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa una multa de seis euros diarios durante un año para los propietarios de la asesoría, y de seis euros diarios durante nueve meses al resto de acusados.