Las defensas de los investigados en el denominado 'Caso PGOU' deberán tener sus respectivos escritos de calificación en un plazo máximo de dos meses, tal y como establece un auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid en virtud del cual se da un plazo de treinta días iniciales para comprobar que todas ellas cuentan con copia íntegra de lo actuado y, a partir de ahí, idéntico espacio de tiempo para que entreguen sus alegatos de defensa.

De esta forma, la Sala que preside Feliciano Trebolle resuelve los recursos que habían sido presentados por los defensores-el único que no había recurrido es el representante legal de José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid-en los que pedían que quedaran sin efecto los trámites de calificación al alegar indefensión, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, aludían a trato de favor recibido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en el trámite de calificación ya cumplimentado por ambas partes y solicitaban disponer de toda la causa original-compuesta por más de 9.000 folios-o en su caso de fotocopias de todo ello para poder elaborar sus respectivos escritos, como así estipula la ley.

Pues bien, en su auto, el tribunal se dirige al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 1-como así se denomina ahora al secretario judicial-para que verifique en un plazo máximo de un mes si las defensas han recibido de forma completa las actuaciones y, en caso contrario, proceda a subsanar dicha omisión con el traslado oportuno.

A partir de ese momento, una vez certificado que cuentan "íntegramente con copia de las actuaciones", los defensores de los investigados dispondrán de un "plazo común" de treinta días para presentar sus escritos, con lo que dicha fase de calificación no se demorará cerca de un año al no tratarse de los autos originales.

NULIDAD PARCIAL DEL AUTO DE APERTURA DE JUICIO

El mismo auto, que es inapelable, confirma además el pronunciamiento que decreta no haber lugar a la nulidad total de las actuaciones, si bien estima la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral en el caso "exclusivamente" del investigado y empresario Ramón Herrero Merino, vinculado a la operación inmobiliaria en la Avenida de Madrid, ya que el auto de imputación le fue notificado con un retraso de dos años con respecto a sus futuros compañeros de banquillo.

La únicas partes que han presentado ya sus escritos son las acusaciones pública y la popular. La primera solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios.

A los encausados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de encausados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

PERITACIÓN PREVIA AL JUICIO

La acusadora pública solicita asimismo, para su práctica antes del juicio oral, con la finalidad de determinar la cuantía la multa a imponer por los delitos de tráfico de influencias, que se designe a un perito titulado que dictamine sobre los beneficios pretendidos en la tramitación de los expedientes relativos a las parcelas de la Avenida de Madrid, P.K. 185, y los obtenidos como consecuencia de los tramitados en relación a las fincas de José María Lacort con Simón Aranda ('Cáritas') y la calle Arca Real número 54.

Además, de entre la extensa prueba testifical destaca la pretensión de que comparezca en el juicio, en calidad de testigo el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva-ya quiso llevarlo como acusado-tras recordar que cuando se inició la tramitación del expediente de modificación del PGOU no sólo era el máximo representante de la institución sino que también "presidió las juntas de gobierno local en las que se adoptaron distintos acuerdos relacionados con los hechos incluidos en la causa e igualmente hizo lo propio en numerosos plenos en cuyo orden del día figuraban acuerdos que conciernen a los hechos".

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.