La factura de la pobreza energética le cuesta a Barcelona 3 millones de euros anuales

  • El Ajuntament emite 32 expedientes sancionadores a eléctricas, revisa otros 2.000 e impone una multa de 7.000 euros.
  • El consistorio planea regular los precios máximos del alquiler en la ciudad, al igual que ya hacen París o Berlín.

El Ajuntament ha pedido este martes "corresponsabilidad" a la Generalitat en materia de lucha contra la pobreza energética, una cuestión cuyo coste para el consistorio asciende a los tres millones de euros anuales, según confirmó este martes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

El próximo miércoles se reúnen con representantes de la Generalitat en una mesa de emergencia social sobre vivienda y pobreza energética, en la que harán este llamamiento al trabajo conjunto de ambas administraciones.

El consistorio está revisando mediante la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) 2.000 expedientes de cortes de suministros por si se incumplieron las normas y se han emitido 32 expedientes sancionadores a las eléctricas Gas Natural y Endesa por apreciar actuaciones incorrectas.

Se ha impuesto además una multa de 7.000 euros a Endesa por no haber informado correctamente a una familia de sus derechos. Endesa ha recurrido. El Ajuntament está intentando cerrar en paralelo un convenio con las energéticas.

60 desalojos a la semana

Unas 302 familias han sido realojadas este año por la Taula d'Emergència del consistorio, que ha mediado en 2.000 casos de desahucio. Los desalojos, 60 a la semana (el 94% por no poder pagar el alquiler) ya son de edificios enteros por efecto de la especulación y del acoso inmobiliario, caso del del pasado lunes en la calle Hospital del Raval, explicaba este martes Montaner.

Los precios del alquiler han subido un 7,8% en Barcelona y la burbuja creada amenaza con explotar.

Esto, unido al escaso parque de alquiler social existente, unos 550 pisos (310 adjudicados en los últimos meses) está llevando al Ajuntament a querer regular los precios máximos del alquiler en la ciudad, al igual que ya hacen París o Berlín. Así como pedir que la nueva ley que el Parlament está ultimando tras la suspensión parcial de la 24/2015 incluya estos límites en el coste del alquiler así como sanciones a los arrendamientos abusivos, sobre todo por parte de grandes tenedores de viviendas.

Montaner confirmó asimismo que el gobierno municipal prevé que este índice de precios de alquiler máximos estará estructurado a nivel metodológico a principios de 2017, y que se guiará por el índice de precios oficial del Incasòl (Institut Català del Sòl).

El gobierno municipal también lamenta que un año y medio después de la aprobación de la Ley 24/2015 (no suspendida por el Tribunal Constitucional en lo que compete a pobreza energética) no se haya redactado un reglamento que fije las obligaciones de las empresas suministradoras, la principal, el principio de precaución, que obliga a informar previamente sobre si un cliente que no paga es vulnerable antes de proceder a cortarle la luz.

Víctima de Reus

Gas Natural respondió este martes al requerimiento de información del Govern sobre el caso de la mujer fallecida en Reus. Su ayuntamiento sancionará a las compañías que corten la luz a personas vulnerables, informó la portavoz de la Alianza contra la pobreza energética tras reunirse este martes con el alcalde, Carles Pellicer.

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