Así lo ha manifestado Crespo ante los periodistas en Almería después de que la magistrada María Ñúñez Bolaños haya elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada para que investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez en relación al delito societario de Mercasevilla por el "supuesto pago" por parte de esta empresa pública de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

Para la portavoz popular, la instrucción de este caso y "en particular" las últimas manifestaciones que se desprenden de la investigación de la juez demostrarían la existencia de un protocolo de actuación que se extendería por la región y que llegaba "a muchas personas relacionadas con el PSOE", con lo que se ha mostrado expectante a la evolución de la instrucción.

En su exposición razonada, la juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez, dada su condición de aforado, como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

La juez, que atiende de este modo la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía de Sevilla, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".